A dos años de su sanción por el Congreso de la Nación, el monstruo de mas de 240 cabezas sigue utilizando todo su poder de fuego contra el gobierno, incluso apoyado en la mayoría de los sectores políticos de la oposición

LEY DE MEDIOS.  SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA HISTORICA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO QUE SE CONVIRTIO EN NORMA REVOLUCIONARIA DESTINADA A GARANTIZAR TODOS LOS ARGENTINOS PODER  PENSAR, INFORMARSE Y PARTICIPAR CON ABSOLUTA LIBERTAD DE LOS GRANDES MONOPOLIOS  MEDIATICOS. 

Fracasó en su intento destituyente durante la guerra contra las patronales rurales. Fracasó con los políticos de la oposición que no pudieron evitar la sanción de la ley y menos unirse en el Congreso. No pudo evitar que la Corte Suprema declare su absoluta vigencia. Solo le queda un articulo- el que le otorga en plazo de un año para desprenderse de las diferencias licencias y medios que fueron acumulando - por el cual están dispuestos a realizar todas las operaciones políticas y de prensa habidas y por haber basadas en la desinformación y la mentira. particularmente en este proceso electoral. A nadie ya le puede quedar duda alguna sobre la utilización de todo tipo de armas y recursos, entre ellos la construcción de una nueva Unidad Democrática para derrotar al gobierno popular en las elecciones de octubre

Lo cierto es que hoy por hoy, la firmeza de Cristina y sectores de la comunicación y la cultura que trabajaron en el proyecto y en su aprobación, concluyo marcando el fin del viejo decreto ley de radiodifusión de la dictadura  

Seguramente continuaran colocando piedras cada vez mayores  en el camino.” La presidenta Cristina Fernández anticipó el escenario que se abrió hace exactamente dos años cuando presentó en el Teatro Argentino de La Plata el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, luego del debate en foros de todo el país y la discusión en el Congreso, remplazó al viejo decreto-ley de Radiodifusión firmado por los represores Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, la Ley de Medios –como proyecto– cumple dos años. Ese 18 de marzo de 2009, la mandataria anunciaba el fin de “una vieja deuda de la democracia”. La implementación de la nueva norma avanza a pesar de los obstáculos judiciales, y en los pasillos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) auguran que podrán verse grandes cambios en el espectro radioeléctrico cuando a mediados de año se abran los concursos para otorgar licencias a nuevos medios en todo el país.

Los multimedios se pusieron a trabajar para evitar que la ley sancionada el 10 de octubre de 2009 por el Senado fuera aplicada en su totalidad. Las presentaciones ante la justicia no tardaron en inundar los juzgados: diputados que aseguraban que sus derechos como legisladores habían sido vulnerados, y pequeñas productoras que buscaban defender ante los jueces los derechos de los grandes multimedios jugaron a defender la tan mentada libertad de expresión contra una ley que obliga a los monopolios mediáticos a resignar una parte de su monumental negocio para asegurar una redistribución más democrática de un bien escaso como las frecuencias.

Mientras la pelea en la justicia continuaba, el Poder Ejecutivo puso en vigencia distintas disposiciones de la Ley de Medios, como los registros de agencias de publicidad y productoras, el régimen de sanciones ante los incumplimientos de la norma, las cuotas de producción propia y los límites sobre la publicidad.

CUATRO FUERON LAS MEDIDAS QUE PROVOCARON EL DESCONTROL MONOPOLICO.

Una de ellas fue el reordenamiento de la grilla de señales de cable, otra la  ampliación del Fútbol para Todos, la tercera fue la obligación de los cableoperadores a declarar la cantidad de abonados y finalmente el censo de la totalidad de las radios y canales de televisión del país.

 Estas decisiones apuntan directamente al control de la información: pero no de las noticias, sino del manejo del mercado. Es que parte del poder de las empresas se basa en que el Estado no contaba con los datos precisos sobre quiénes, cómo y cuántos son los dueños de los medios en la Argentina.

El 31 de agosto del año pasado, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto reglamentario por lo que la ley entraba en plena vigencia. No fue un capricho de las autoridades de la AFSCA afirmar que, desde ese día, los medios debían cumplir con las nuevas reglas de juego. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó durante su discurso de apertura del año judicial 2011 que “no existe ninguna suspensión” a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.<

La medida que erróneamente había planteado Moyano fue otra de las trampas cazabobos de Clarín y el •Chirolita• de Perfil. A la expectativa para defenestrarlo y erosionar el frente oficial, estaba todo el conglomerado opositor

EL PARO SUSPENDIDO FRENTE A UNA IMPUNIDAD MEDIATICA QUE NO TIENE LIMITES

“o es ninguna novedad que Hugo Moyano viene sufriendo un hostigamiento de parte de los grupos mediáticos que defienden el orden conservador en la Argentina. Al jefe de la CGT todavía no le perdonan que haya encabezado la resistencia al modelo de los ’90 y, mucho menos, su actual alianza con el gobierno kirchnerista.”, sostiene Roberto Caballero, en una nota editorial de Tiempo Argentino que conviene repasar.

El movimiento obrero organizado, la juventud, los organismos de Derechos Humanos, la prensa antimonopólica y hasta el PJ tradicional son pilares fundamentales del amplio universo que apoya, con todos sus matices, las políticas públicas del gobierno de Cristina Kirchner, cuya potencia política está asociada, precisamente, a esa increíble capacidad de acumular entre opuestos, a esa unidad que propone y consigue de lo diverso.

El Clarín de Héctor Magnetto, y su socio menor, el Perfil de Jorge Fontevecchia, saben que esta es la médula del armado oficialista e intentan satanizar a estos mismos sectores para herirlos y neutralizarlos: así califican a Moyano de “mafioso”, a La Campera de grupo de jóvenes yuppies que sólo quieren “poder y dinero”, a los organismos de Derechos Humanos de “cooptados”, a Daniel Scioli de “tibio”, “servil” y “masoquista” y al periodismo alternativo de “ultra” o “paraoficial”. Apuntan de este modo al corazón que late dentro del modelo nacional y popular que ellos detestan y quisieran ver fracasar.

La operación montada desde Clarín para que Scioli traicione y se convierta en el candidato que el Peronismo Federal no tiene, les salió muy mal. Aun sin escuchar a Los Olimareños y a Silvio Rodríguez, el gobernador bonaerense, suerte de Solano Lima del kirchnerismo, espera su turno con vistas a 2015, sin sacar los pies del plato. Se ve que la lealtad es un valor aun para aquellos que no son progresistas, como no lo es Scioli ni el PJ tradicional, pero que apoyan políticas públicas que sí lo son.

En el caso de Moyano, los intentos son más persistentes. Pretenden verlo a toda costa en la vereda de enfrente de la Casa Rosada, porque ni la CTA de Víctor de Gennaro –hoy en el armado político-testimonial de Pino Solanas–, ni la izquierda antiburocrática, representan a la mayoría del mundo sindical, sino apenas a sus márgenes.

Cuando fue la detención del “Momo” Venegas, una columnista de Clarín escribió que la orden provino de un apriete al juez Norberto Oyarbide de parte de un militante de La Cámpora. El comunicado de la CGT defendiendo al líder de la UATRE, si bien medido e intervenido gramáticamente por los moyanistas que advierten que una ruptura con el gobierno terminaría perjudicando a sus representados, fue ideológicamente subsidiario de esa instalación falaz y absurda.

Moyano parece interpretar que un sector del oficialismo no hace todo lo que debería hacer para desvincularlo de la causa de los remedios truchos –y es cierto, como él dice, que 300 troqueles falsos no constituyen prueba de asociación ilícita que no sólo está en manos de Oyarbide sino también en el juzgado de Claudio Bonadío, un ex cuadro de Guardia de Hierro y no de La Cámpora, o de la izquierda del gobierno. Cuando Moyano cree eso, sin embargo, en Clarín se frotan las manos. Porque lo que no lograron con Scioli parece prender en el sector del moyanismo con mayor tendencia a la paranoia.

Su decisión de parar el país el lunes fue un error corregido a tiempo. No les iba a  parar a Clarín y a Magnetto, a Duhalde, a Techint o a la AmCham. Ni siquiera al gobierno suizo: el costo político lo iba a pagar el gobierno nacional y los dolores de cabeza serián para el conjunto de la sociedad. Ese malhumor sólo llevaría agua para el molino del antisindicalismo.

Hay cosas que los cuadros gremiales más avezados del peronismo no pueden ignorar: 1) Esta semana, la justicia decidió levantar el secreto fiscal de Héctor Aranda y Lucio Pagliaro, ejecutivos de Clarín, investigados en la UIF por una supuesta maniobra de lavado de dinero con fondos de los jubilados que estaban en las AFJP.

2) La Sala II de la Cámara Federal de San Martín ordenó que Felipe y Marcela Noble, herederos del grupo comunicacional que hostiga a Moyano, se hagan nueva pruebas de ADN para determinar si son hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar.

3) Diputados, con los votos kirchneristas, votó la media sanción de la ley que beneficia a empleadas de casas particulares y la inclusión de las sumas no remunerativas en los salarios blanqueados.

4) La tapa de Clarín de ayer, que pone a la CGT presionando para arrancarle un vice a Cristina parece hecha a medida del reclamo de la justicia suiza. Es obvia la intención de dañar la relación con el oficialismo.

¿Alguien en el entorno de Moyano se preguntó por qué el Ministerio Fiscal helvético puede pedir algo tan absurdo como la información financiera de la familia del líder de una central obrera a 14 mil kilómetros de distancia de Ginebra?

¿Tendrá algo que ver la ex embajadora Carla del Ponte, de fluidas relaciones con Clarín, ex procuradora general de Suiza y presentada como “especialista en lavado” por los fabricantes de prestigio a sueldo del diario de Magnetto?

¿Las notas contra el sinuoso titular de Covelia en Clarín y en Perfil habrán sido la antesala de este reclamo suizo, por lo menos curioso? Moyano no será Agustín Tosco, para desgracia de muchos progresistas, incluso los que son kirchneristas. Pero estos deberían preguntarse quién surge detrás de su figura, antes de declararse satisfechos por los golpes que recibe. Salvo, claro, que crean que Barrionuevo o Cavalieri expresan la democracia sindical y Clarín, el “periodismo independiente” que los nostálgicos de los ’90 agitan para convertir en verdad lo falso y en virtuoso aquello no lo es, ni por asomo