miércoles, 15 de junio de 2011

LOS FUSILAMIENTOS DE JUNIO DEL 56, EL BOMBARDEO A BUENOS AIRES Y EL GOLPE DE MARZO DEL 76, O EL TERROR COMO ESCARMIENTO

ETIOLOGIA, APOGEO Y DECADENCIA DEL ESTADO TERRORISTA
.
Los tres episodios que marcan a sangre y fuego la historia argentina tienen un punto común  el terror indicrisminado como escarmiento. Para imponer una distribución regresiva del ingreso y del poder. Llamar a las cosas por su nombre, castigar esos crímenes, es un punto de partida hacia el replanteo de esa relación de fuerza que condena a la exclusión a casi la mitad del país”


Por Horacio Verbitsky           El 16 de junio se cumplió medio siglo del bautismo de fuego de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea, cuando sus pilotos arrojaron entre 9 y 14 toneladas de bombas sobre la Ciudad Abierta de Buenos Aires y ametrallaron a civiles, causando alrededor de 300 muertos y un millar de heridos. El 9 de junio hicieron 49 años de los fusilamientos de civiles y de militares ordenados por el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, malparido por aquellas bombas y metralla. El 14, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida, sancionadas para proteger a los responsables del Estado Terrorista implantado en 1976. Los tres episodios están ligados en forma indisoluble y tienen un punto en común, que invita a una reflexión profunda sobre la Argentina contemporánea. Matar a Perón o “aniquilar a la subversión” fueron apenas pretextos justificatorios. El objetivo de los bombardeos y los fusilamientos fue imponer el terror, golpear en forma feroz e indiscriminada como escarmiento sobre el conjunto de la sociedad. Sólo así sería posible desmontar un modelo socioeconómico en el que el ingreso, y el poder, estaban repartidos de modo mucho más equitativo que en los años dorados de la oligarquía, a los que se intentaba volver. Con avances y retrocesos, durante dos décadas se mantuvo lo que la literatura política llama empate hegemónico, hasta que la violencia sin límites del ‘76 impuso un nuevo equilibrio, que dura hasta hoy. Liberarse de ese terror, con decisiones como las de la Corte Suprema que impide la impunidad de los criminales es un paso hacia el replanteo de esa relación de fuerzas que condena a la exclusión a casi la mitad del país. Si los criminales del ‘55 hubieran sido castigados, no hubiera habido ‘76. A eso seguramente apuntaba el presidente Néstor Kirchner, durante la emotiva ceremonia del 16 de junio. Acompañado por la hija de una víctima del ‘55 y por la madre de una víctima del ‘76, en un tono quedo poco usual en él y con los ojos húmedos, vinculó ambas fechas con “la construcción del país que queremos, con justicia, honestidad, con inclusión, en la lucha contra la indigencia y la pobreza, la lucha por el empleo, la inversión, la industrialización.”

Bombas sobre
Buenos Aires

Una investigación reciente del joven profesor de las universidades Católica y del Salvador Daniel Ci- chero recurre al testimonio de los pilotos del 16 de junio de 1955. Uno de ellos, Máximo Rivero Kelly (quien como no hubo castigo llegó a la subjefatura de Estado Mayor de la Armada durante el muy democrático y humanista gobierno de Raúl Alfonsín) declara que el objetivo no era matar al presidente sino “quebrarlo en su fortaleza de mando”. El mayor número de víctimas de esa gris jornada no se produjo por las bombas, sino por el ametrallamiento deliberado sobre grupos de civiles cerca de la CGT y frente al ministerio de Marina rebelde. Cichero, quien no había nacido cuando ocurrieron los hechos que narra en su libro Bombas sobre Buenos Aires, concluye que si al principio la tentativa de magnicidio pudo servir como “pantalla justificatoria” se reveló luego como “un castigo a la movilización civil que respaldaba al presidente”.
Las escenas documentales proyectadas el jueves en la Casa de Gobierno carecen de la calidad de las que incluyó Leonardo Favio en su Sinfonía de un sentimiento, pero contienen tomas impresionantes de trabajadores que acuden al centro en defensa del gobierno, apiñados como sardinas en camiones y camionetas. Ellos eran el blanco de uno de los crímenes más racionales de nuestra historia. En un artículo que la gran prensa comercial rehusó publicar, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, escribió: “Lo que intentaron y sin duda lograron los complotados, fue el mismo objetivo que a los terroristas los define como tales: sembrar el terror, a través de la matanza indiscriminada de inocentes, para hacerse del poder”. Cuando en setiembre la Flota de Mar bombardeó depósitos de gas en Mar del Plata y anunció que haría lo mismo con el centro de Buenos Aires, la voluntad de lucha de Perón estaba quebrada y pese a su inferioridad militar los golpistas tomaron el poder.

La proclama:

Al año siguiente, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco encabezaron un alzamiento peronista. Su propósito era “restablecer la soberanía popular y el estado de derecho” y convocar a elecciones generales en no más de seis meses, con plenas garantías para todos los partidos. Denunciaron la entronización en el poder de minorías antinacionales que enajenaron el patrimonio del país y traficaron con el hambre y el dolor de los trabajadores; la sustitución de la Constitución y las leyes por el derecho de la revolución, con la creación de tribunales y comisiones especiales; el confinamiento en campos de concentración, la discriminación entre réprobos y elegidos, la privación de empleos a miles de ciudadanos; el decreto totalitario que prohibió el uso de palabras, fechas, símbolos, fotografías. Los militares peronistas consideraron lógico el resentimiento y la desconfianza del pueblo hacia las Fuerzas Armadas, por el uso de oficiales en funciones civiles para romper huelgas, y señalaron que ésa era la semilla más criminal que podía haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación. Describieron el quebrantamiento de la industria nacional, la elevación de precios en detrimento de los salarios, la creación de desocupados para que los obreros se sometieran al capitalismo por hambre y mediante la destrucción de la organización sindical, que consideraban base de la paz social y del progreso.

Operación Masacre:

El 16 de junio, Valle fue el general que recibió la rendición de los rebeldes en el ministerio de Marina. Aunque la vida de todos ellos fue respetada, no se lo perdonaron. Su ingenua rebelión de 1956 fue alentada desde el poder, que tenía toda la información necesaria para evitarla. Valle, el coronel Oscar Cogorno y otros treinta y un civiles y militares fueron fusilados en virtud de una ley marcial dictada después de su detención. Este fue el hecho que le cambió la vida al escritor de cuentos policiales y jugador de ajedrez Rodolfo J. Walsh, quien publicó en pasquines de mala muerte la obra maestra del periodismo de investigación y una de las joyas máximas de la literatura argentina del siglo pasado, Operación Masacre. En sucesivas ediciones su entendimiento se enriqueció. En 1964, en el Epílogo a la segunda edición escribió: “Los muertos bien muertos, y los asesinos probados, pero sueltos”. Comunicaba haber “perdido algunas ilusiones, la ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en todas esas palabras”. En la tercera, de 1969, agregó que “la clase que esos gobiernos representan se solidariza con aquel asesinato, lo acepta como hechura suya y no lo castiga simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma”. Concluía con un retrato de “la oligarquía, dominante frente a los argentinos y dominada frente al extranjero. Que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato, es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella. No para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”. En la misma línea, el trabajo inédito de Patiño Mayer concluye: “Sirva este recuerdo, para los que siguen sosteniendo maliciosamente que la violencia política se inició en la Argentina en la década de los setenta y fue obra de la conspiración marxista internacional. Los terroristas que sembraron bombas, fusilaron, secuestraron cadáveres y proscribieron a las mayorías populares, no podían recoger otra cosa que las tempestades que sobrevinieron”.

Soberanía nacional:

Al fallar en la causa en la que el CELS atacó las leyes de punto final y de obediencia debida, cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia (Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) coincidieron en que carece de efecto cualquier acto fundado en ellas “que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables por crímenes de lesa humanidad.” Todos ellos más Antonio Boggiano y Carmen Argibay dijeron que esas leyes eran inconstitucionales. Los votos de Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Highton fundamentan la decisión en el ejercicio de la soberanía nacional. Como la Argentina no ha juzgado a los responsables de los crímenes de la dictadura, lo están haciendo otros países que invocan la jurisdicción universal, que forma parte de nuestra Constitución desde 1853. El hecho nuevo, escribió Zaffaroni, es que por delitos cometidos en el territorio nacional ahora hay argentinos detenidos, procesados y juzgados por otros estados o cuya extradición es requerida, “en razón de que la República no ha ejercido la jurisdicción, o sea, no ha ejercido su soberanía”. Admitir esto abriría un estado de sospecha sobre todos los ciudadanos argentinos y degradaría a la Nación Argentina “a un ente estatal imperfecto” y disminuido ante el resto del mundo. Lorenzetti agrega que “la dignidad de la República en la comunidad internacional”, exige que reafirme la voluntad de “ejercer su jurisdicción y su soberanía”. Highton y Maqueda aducen que “si no se ejerce la jurisdicción en función del principio territorial, entra a operar el principio universal y se pone en juego la soberanía de la República Argentina”. Boggiano dice que estos delitos podrían ser juzgados fuera de la Argentina, “con el consiguiente menoscabo de la soberanía jurisdiccional de nuestro país”. Los fundamentos de la sentencia son igualmente válidos para que la Corte resuelva la causa en la que Suárez Mason invocó el indulto para eludir su extradición a Alemania, ideal para que Zaffaroni, Highton, Lorenzetti, Boggiano y Maqueda reiteren sus razonamientos soberanísticos.

El siglo de las sombras:

Tales argumentos (y la condena a 640 años de cárcel impuesta en España a Adolfo Scilingo), contribuyen a explicar la resignada calma con que esta resolución fue recibida en el Ejército y la Armada: todos prefieren ser juzgados en la Patria. Coinciden así con las víctimas, que sólo recurrieron a otras jurisdicciones cuando se les cerró el acceso a los tribunales argentinos. Es útil imaginar cómo afectará esto a las Fuerzas Armadas. La experiencia de un siglo indica que los militares golpistas no son muchos, sino los mismos. Cuarenta años antes de expulsar a Yrigoyen de la presidencia en 1930, Von Pepe Uriburu fue subteniente del Parque en el alzamiento de 1890 del que nació la UCR. A principios de la década de 1940 un general y dos coroneles intentaron sin fortuna tomar el poder. Dos de ellos, Benjamín Menéndez y Eduardo Lonardi, reaparecieron en alzamientos contra Perón de la década de 1950. El tercero, Fortunato Giovanoni, intentó derrocar a Frondizi. El mayor Juan Francisco El Tú Guevara propuso el santo y seña “Dios es Justo” para el golpe de 1955 y fue uno de los hombres fuertes en el primer tramo de la dictadura de Onganía en 1966. Perón, con muchos de sus camaradas del GOU, intervino en los golpes de 1930 y de 1943. Los oficiales que acompañaron a Menéndez en 1951 protagonizaron todos los golpes del cuarto de siglo siguiente. Lanusse participó en el derrocamiento de Lonardi dieciséis años antes de abrirse paso a los empujones hacia la presidencia. Massera, Oscar Montes, Eduardo Invierno, Horacio P. Estrada, Carlos Carpintero y Carlos Corti actuaron en el bombardeo a la Ciudad Abierta de Buenos Aires el 16 de junio de 1955. Dos décadas más tarde fueron comandante en jefe de la Armada, ministro de Relaciones Exteriores, jefe de inteligencia naval, director de la ESMA y, los dos últimos, responsables de propaganda durante la última dictadura. Ramón Camps leyó la proclama contra Illia en 1966, diez años antes de asumir el feudo policial de la provincia de Buenos Aires. Leopoldo Galtieri fue uno de los mayores que empuñaron las armas en 1962 en contra del presidente provisional José María Guido. Benito Bignone redactó la proclama golpista de 1976, seis años antes de convertirse en el último dictador. A lo largo de un siglo esa cultura corporativa se transmitió de generación en generación uniformada.
También es cierto que nunca un golpe fue sólo militar, que todos tuvieron un fuerte componente civil y raíces en sectores significativos de la sociedad (ya sea la Iglesia, la burguesía, la clase media o los sindicatos vandoristas) y alguna forma de inserción internacional, ya sea por negocios o estrategia. De ahí la enorme importancia de los veintidós años seguidos sin el uso de las armas para dirimir el poder. En 1987, la crisis se desató cuando los jueces comenzaron a citar a oficiales en actividad. Los carapintada de Aldo Rico eran entonces tenientes coroneles al frente de regimientos. Hoy todos los oficiales con mando de tropa (de teniente coronel para abajo, y equivalentes en la Armada) egresaron de las escuelas de formación después de la finalización de la dictadura. Apenas los 35 generales y el tramo superior de los coroneles actuales (de 150 a 250) estuvieron en actividad, aunque con rangos bajos, entre 1976 y 1983. El oficial más antiguo del Ejército, Roberto Bendini, era teniente al producirse el golpe. Por un lado eso ha cortado la transmisión intergeneracional de aquella cultura golpista desdeñosa de la institucionalidad y de los derechos humanos. Por otro, delimita el reducido universo de quienes podrían ser citados a declarar ante la justicia, casi todos como testigos y unos pocos como imputados.
Tampoco es de prever una avalancha de nuevas causas y detenciones. Desde que el juez Gabriel Cavallo anuló las leyes y la Cámara Federal lo confirmó, las grandes causas de esta jurisdicción ya se reabrieron. Lo imposible hasta esta semana era elevarlas a la etapa de juicio y sentencia, pero la investigación no se detuvo. En total hay 45 causas abiertas en todo el país y 154 detenidos, sobre 271 militares y policías que fueron denunciados. Sólo cinco estaban en actividad al momento de su detención. Contra el resto no había pruebas o murieron. Este número incluye a un alto porcentaje de quienes fueron los jefes máximos de la represión (por ejemplo Videla, Suárez Mason, Bignone, Díaz Bessone, Harguindeguy, Menéndez, Montes, Riveros, Nicolaides, Suárez Nelson, Villareal, Vañek, Etchecolatz, Guañabens, que rondan los 80 años). La mayoría del medio centenar que murió y de la media docena de incapaces también estaban entre los más altos jefes de entonces (como Galtieri, Massera, Viola o Lambruschini). Una estimación razonable es que puedan ser indagados unos 400 más y es baja la probabilidad de que aparezcan pruebas que no se hayan conocido antes y que involucren a otros no identificados hasta ahora.

Contar la verdad:

Algunos cambios interesantes se observan en la actitud de quienes deben responder ante la justicia. El ex capitán de la ESMA Antonio Pernías reveló una negociación del ex presidente Raúl Alfonsín con la Armada, para que en 1987 sólo fueran detenidos “aquellos que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”. El general Santiago Riveros ofreció a la justicia detalles sobre las órdenes que recibió e impartió durante la guerra sucia y acerca del funcionamiento de cinco niveles distintos de campos clandestinos de concentración, que dependían de las jefaturas de área, de brigada, de división, de Cuerpo y de Ejército. Su defensor, Florencio Varela, quien también asiste a otra docena de generales detenidos, les aconsejó que modifiquen la táctica de la negación y el silencio seguida hasta ahora y cuenten la verdad. Varela sostiene que como unos viejos reglamentos aprobados por el Ejército entre 1968 y 1976 ordenaban aniquilar al enemigo, sus generales actuaron dentro de la legalidad. Casi todos esos reglamentos, inspirados en uno del Ejército de los Estados Unidos, forman parte de la causa en la que hace veinte años fueron condenados Videla, Massera & Cía. Pero también hay uno más antiguo, firmado por Lanusse, que en un anexo a máquina sobre los medios ocultos de acción psicológica contempla la “compulsión física, torturas, 3er grado”; “terrorismo, desmanes, sabotaje”; y la “compulsión síquica” que incluye desde chantajes hasta secuestros y pornografía (sic).
Según Varela, es absurdo que el mismo Estado que instruyó a sus militares con esos reglamentos y órdenes, ahora los castigue por aplicarlos. Esto conduce “a la no aceptación de la responsabilidad global por lo actuado en la guerra contra el terrorismo, personificada en el Estado.” Varela complementa esta reflexión sobre el Terrorismo de Estado con una crítica al documento final de la última Junta Militar en el que se afirmó que los desaparecidos estaban exiliados o en la clandestinidad y usaban documentos falsos que impedía identificarlos cuando morían. “¿Cuántos pueden ser? Cien, doscientos, mil. ¿Y el resto?” A juicio de Varela, compete a quienes ocuparon las más altas jerarquías revelar que “se ejecutaron aproximadamente a siete mil terroristas, en base a la prueba proveniente del aparato de inteligencia, que cuando hubo dudas se los puso a disposición del Poder Ejecutivo, y que esto fue decidido en los Estados mayores de las Fuerzas y quien coordinó esta información fue el Ministro del Interior”. Reconoce que “la verdad histórica nos trasciende; de lo contrario va a quedar marcado que en los años ‘70 hubo un grupo de forajidos que se dedicaron a matar a jóvenes idealistas inocentes cuando lo cierto es que acá se mataron o ejecutaron a siete mil terroristas”. Este giro no es aceptado por otros letrados, que acusaron a Varela de interferir con sus defensas e insisten en seguir negando. “Es un error, porque los hechos realmente existieron, los desaparecidos son una realidad, tienen una identidad, no es que estén en el aire.”
Es dudoso que los jueces vayan a coincidir con Varela. Ya en 1985, la Cámara Federal se refirió a “la agresión terrorista” y “a la percepción militar del fenómeno como guerra revolucionaria”, pero descartó como “una pretensión extravagante” que eso pudiera excusar crímenes como la tortura de prisioneros y su desaparición forzosa. “La obediencia es importantísima, pero no más que la juridicidad”, dijo la sentencia. En el fallo de esta semana la Corte Suprema sostiene que ninguna disposición del derecho interno puede oponerse al enjuiciamiento de aquellos que la comunidad internacional considera crímenes contra la humanidad. También en Alemania hubo reglamentos y órdenes perfectamente legales, que no sirvieron para exculpar a quienes los aplicaron. Así lo declaró hace cuatro décadas la Asamblea de las Naciones Unidas al establecer los Principios de Nuremberg y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2001. El fallo de la Corte Suprema se refiere al último caso, el de los guardias que dispararon sobre los berlineses que querían cruzar el muro. Uno dijo en su defensa que “era parte de un sistema militar sujeto a una absoluta disciplina y obediencia jerárquica y que había sido objeto de un previo e intenso adoctrinamiento político”. El Tribunal Europeo invocó para rechazar ese argumento el que violaran “principios básicos de derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Después de las leyes y decretos de impunidad, Emilio Mignone concibió los juicios por la verdad como rodeo para reiniciar el camino hacia la justicia. Los cambios de posición de Pernías y Varela indican que la inconstitucionalidad de esas normas permitirá recorrer ahora el camino inverso, desde la justicia hacia la verdad

JUNIO TRAGICO. DE LOS FUSILAMIENTOS AL DIA EN QUE BUENOS AIRES SE CONVIRTIO EN LA PRIMERA CAPITAL SUDAMERICANA EN SER BOMBARDEADA POR SUS PROPIAS FUERZAS ARMADAS


MEMORIA Y ASIGNATURA PENDIENTE DE MILITARES Y CIVILES QUE NO RECIBIERON EL CASTIGO Y LA CONDENA DE UNA MASACRE QUE MARCO EL COMIENZO DE LA VIOLENCIA POLITICA EN EL PAIS,


“En la Plaza de mayo y sus alrededores quedaron los cuerpos de mas de 355 muertos, y los hosptales colapsaron por los mas de 600 heridos. Se habia perpetrado el peor ataque terrorista de la historia argntina .Sus atacantes fueron civiles y militares que se frotaban las manos imaginandose el triunfo del golpe militar que iba a devolver a la “negrada”, a los cabecitas a los lugares de donde nunca debieron salir…” .


Fuente. Felipe Pigna. Revista Veintitres del 9 de junio de 2005    El clima político se había enrarecido en la Argentina desde que se agudizó el conflicto entre la Iglesia católica y el gobierno peronista. De aliada incondicional allá por los inicios del régimen de 1943 que catapultaría a Perón al poder, la corporación eclesiástica se había vuelto decididamente opositora. Se sentía molesta por la utilización política que el gobierno hacía de la caridad -un tema históricamente monopolizado por la Iglesia- la proliferación de imágenes de Evita y Perón rodeando a los crucifijos en las dependencias oficiales y la creación de una agrupación política secundaria, la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, una fuerte competencia para la Acción Católica.

Perón por aquellos días de junio de 1955 solía recordar que el gobierno peronista en 1947 había hecho ratificar en el Congreso el decreto ley que transformaba en obligatoria la enseñanza religiosa declarada optativa y extracurricular por la Ley 1420, sancionada por iniciativa de Sarmiento durante el gobierno de Roca.

El general ahora se lamentaba de haber impulsado un generoso subsidio del 75% de los sueldos de los docentes de escuelas privadas de las cuales el 90% eran propiedad de la Iglesia católica.

Mientras se enteraba por los diarios de las diatribas de los obispos contra su gobierno y las calumnias contra su persona, el presidente le recordaba a sus colaboradores los abusos a que dio lugar aquel subsidio. Pero lo que más había irritado a Perón era la creación de un Partido Demócrata Cristiano con el aval de la Iglesia. El líder consideraba que su partido era democrático y cristiano y que en la Argentina no era necesario otro partido para frenar el avance del comunismo, principal objetivo de la democracia cristiana impulsada por el Vaticano y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El enfrentamiento fue creciendo en un trasfondo de crisis económica. Dos agudas sequías (1951-52), el boicot norteamericano contra la Argentina que se perpetuaba desde 1942 cuando el radical alvearista Ortiz se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial, complicaron el panorama económico que, pese a los esfuerzos industrialistas, seguía dependiendo de las divisas aportadas casi exclusivamente por el comercio exterior de granos y carnes.

La vieja alianza ideológica entre los militares y la curia, fomentada por el propio Perón, tornaba más peligroso el protagonismo de la Iglesia que contaba con una expresión política partidaria propia y excelentes contactos con oficiales superiores de las tres armas que parecían dispuestos a salir en defensa de Cristo Rey.

Todavía sonaban los ecos de la ruidosa procesión del 11 de junio, dos días después de Corpus Christi, que se había transformado en una manifestación política que culminó en el Congreso donde los católicos, enfurecidos por la sanción de la ley de “hijos naturales” y la ley de divorcio, arriaron la bandera argentina e izaron la insignia papal. En esas circunstancias se produjo el confuso episodio de la quema de una bandera argentina, que como en otras circunstancias de nuestra historia, dio lugar a encendidas discusiones sobre lo accesorio y eludió el debate ideológico. Toda la semana del 11 al 16 de junio se fue en el debate sobre quién había quemado la bandera, símbolo sagrado e inmaculado para católicos y peronistas, tan católicos como los otros.

Lo cierto es que la sociedad argentina fue sometida a campañas oficiales y extraoficiales de contra información y no a un debate, largamente postergado sobre el rol de la Iglesia en nuestra sociedad.

Leyes imprescindibles para un país que se preciaba de moderno, como la de hijos naturales y el divorcio, aparecen sancionadas como provocaciones del gobierno peronista más que como avances de la civilización.

A eso de las nueve de la mañana del 16 de junio Perón recibió al general Lucero con un marcado gesto de preocupación. Perón sabía que estaba programado un desfile aéreo en desagravio a la bandera, pero Lucero sabía que ese desfile podía ser aprovechado para bombardear la Casa de Gobierno y a su principal ocupante y convenció al Presidente para trasladarse a su despacho en el ministerio de Guerra cruzando la avenida Paseo Colón.

Desde su nueva ubicación, a las 10:30 en punto, Perón pudo escuchar el sonido inconfundible de los aviones Abro Lincoln y Catalinas de la aviación naval comandados por el vicealmirante Toranzo Calderón y el ruido inesperado, nuevo en Buenos Aires que se estrenaba como la primera capital de Sudamérica en ser bombardeada por sus propias fuerzas armadas.

Los aviones, que habían partido de Punta Indio, llevaban pintadas en sus colas una ve corta y una cruz. El “Cristo vence” reemplazaba al “viva Perón”. Curioso slogan de alguien que sale a matar, que recordaba a aquel fanático católico falangista, Millán de Astray, que llegó a pronunciar la metafísica frase: “Viva la muerte”.

En la plaza, además de los apurados transeúntes había algunas familias que se disponían a presenciar el desfile aéreo. Nunca imaginaron que la parada militar tuviera un carácter tan realista.

Las primeras bombas cayeron a unos pocos metros de la pirámide y el resto impactó sobre la Casa Rosada. Una de ellas destrozó a un colectivo repleto de escolares. Al enterarse de los hechos la CGT convocó a la Plaza a defender a Perón. Para las 13:15 eran cientos los descamisados que se reunieron a defender su gobierno en la histórica plaza cuando una nueva oleada de aviones espantó a las desconcertadas palomas y arrojó su mortífera carga de nueve toneladas y media de explosivos sobre la multitud. En la Plaza de Mayo y sus alrededores quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos y los hospitales colapsaron por los más de 600 heridos. Se había perpetrado el peor ataque terrorista de la historia argentina. Sus autores eran “respetables” militares y civiles que se frotaban las manos imaginándose el triunfo de un golpe militar que iba a volver a la “negrada” a los “cabecitas” a los lugares de los que nunca debieron haber salido. Sus autores nunca contaron con la capacidad de lucha y resistencia del pueblo argentino que, conciente de sus derechos adquiridos, no estaba dispuesto a perder lo que le había costado tanta sangre, sudor y lágrimas conseguir.

Para los que se hacen los distraídos, para los comunicadores sociales y sus sponsors a los que “les interesa el país”, para todos aquellos que hacen la tramposa pregunta “¿cuándo comenzó la violencia política en argentina?”, en estas páginas precedentes va nuestra humilde contribución al debate


CRUJE ELSOCIALISMO EN GRECIA- PAPANDREU OFRECIO SU RENUNCIA Y CONFORMAR UN GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL

EN UN MARCO DE CRISIS SOCIAL Y DE REPRESION CONTRA LOS HUELGUISTAS ANTIAJUSTE, EL PAISAJE GRIEGO SE ASEMEJA AL DE LA ARGENTINA 2001

MIENTRAS CIENTOS DE MANIFESTANTES CHOCARON DURAMENTE CONTRA LA POLICIA EN ATENAS EN UNA MULTITUDINARA MARCHA AL PARLAMENTO, LA OFERTA DEL SOCIALISTA PAPANDREU SURGE COMO RESPUESTA AL PEDIDO DEL LIDER DE LA OPOSICION CONSERVADORA



El primer ministro griego, Giorgos Papandreu, ofreció hoy a la oposición su dimisión a cambio de la formación de un gobierno conjunto de "unidad nacional", en un marco de crisis social y de represión contra los huelguistas antiajuste.
Mientras cientos de manifestantes chocaron duramente con la policía en Atenas durante una multitudinaria marcha al Parlamento, la oferta de Papandreu, surge como una respuesta al pedido hecho por el líder de la oposición conservadora, Antonis Samaras.

El primer ministro griego se supedita a un acuerdo "dentro de un marco específico de compromisos de cambio en el país y en el sistema político", en cuyo caso estaría dispuesto a dar paso a un "Gobierno de unidad nacional".

Con ello, Papandreu deja la pelota en cancha de Samaras, cuya condición principal es renegociar el nuevo programa de ajuste económico para los años 2012-2015, lo que fue debatido hoy por los diputados y debe aprobarse antes del 29 de junio.

Este punto es una condición impuesta por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para que se formalice la entrega del siguiente tramo de ayuda a Grecia.

El debate parlamentario se produjo en medio de fuertes choques entre la policia y manifestantes durante una gran marcha de protesta en la que fueron detenidas cerca de 50 personas, informó la agencia de noticias Europa Press.

Gases lacrimógenos lanzados por la policía nublaron literalmente la céntrica plaza Sintagma, frente al Parlamento, donde unas 25.000 personas se congregaron para repudiar un nuevo paquete de medidas de austeridad que incluye más recortes salariales y más aumentos de impuestos de aquí a 2015.

Varios cientos de jóvenes rompieron vidrios de un lujoso hotel frente a la plaza y arrancaron pedazos de adoquines de la calle que arrojaron contra los policías junto con bombas incendiarias.

Manifestantes dijeron que al menos 10 personas resultaron heridas, mientras llamaban a conservar la calma y permitir el paso a las ambulancias. La policía, por su parte, informó que hubo al menos 40 detenidos.

Las protestas constituyen la respuesta popular a la severa crisis de más de un año en Grecia que -según expertos- puede acabar en un default que amenace el futuro de la eurozona y desestabilice los mercados internacionales en momentos en que la economía global busca recuperarse de la debacle financiera de 2008.

La violencia, por otra parte coincidió con la tercera huelga general contra el ajuste en lo que va del año, lo que aumentó la presión sobre el impopular gobierno del primer ministro Giorgos Papandreu, que también enfrenta una rebelión dentro de su partido socialista PASOK en torno al paquete de austeridad.

Uno de los diputados del PASOK defeccionó ayer en rechazo al ajuste, con lo que la mayoría oficialista en el Parlamento se redujo a apenas cinco bancas. Otro diputado socialista, sin llegar a la defección, anunció que no apoyará la ley de recorte de gastos, que se espera sea votada a principios del mes próximo.

El gobierno socialista necesita aprobar este mes un nuevo paquete de medidas de austeridad de 2012 a 2015 con un recorte de gastos de unos 28.000 millones de dólares.

Si el ajuste no es sancionado, Grecia corre el riesgo de no recibir cuotas de un gigantesco préstamo de 110.000 millones de euros concedido el año pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE).

Ese primer plan de salvataje, al que Atenas correspondió con reducciones de salarios y pensiones y aumentos de impuestos, no logró, sin embargo, ahuyentar los fantasmas de un default de Grecia ante los acreedores externos, por lo que la UE comenzó a discutir un nuevo rescate de hasta 120.000 millones de euros.

La UE presiona a favor de un amplio respaldo de todo el arco político griego a las nuevas medidas de ahorro, pero el principal partido de la oposición, el conservador Nueva Democracia, insiste en cambio en renegociar el acuerdo con la UE y el FMI.

En Atenas, gran parte del centro de la capital quedó desierto luego de que las autoridades prohibieran el tránsito vehicular y de peatones para que unos 5.000 policías realizaran un megaoperativo destinado a permitir a los diputados acceder en auto al Parlamento.

En los hospitales sólo hubo servicios de emergencia, el transporte público, incluyendo el vital servicio de ferries, quedó reducido a la mínima expresión y durante la mañana no hubo programas de noticias en la radio y la televisión.

Los sindicatos de prensa, no obstante, suspendieron luego su adhesión a la huelga para cubrir los acontecimientos en Atenas, y los vuelos también operaban normalmente porque los controladores aéreos finalmente no se plegaron a la medida.

Anteriores marchas contra el ajuste en Atenas degeneraron en violencia, y tres empleados de un banco murieron en mayo del año pasado en la capital griega cuando exaltados arrojaron una bomba incendiaria contra el edificio de la entidad.

Para cumplir con las condiciones del FMI y la UE, el premier Papandreu tuvo que dar marcha atrás este año con una promesa de no volver a aumentar impuestos y, además, anunció un programa de privatizaciones por 50.000 millones de euros, algo que exacerbó las protestas contra el ajuste.

Ayer, una reunión extraordinaria de los ministros de Economía de los 17 países de la zona euro concluyó sin un acuerdo final en torno al segundo plan de rescate para Grecia, cuyo monto se estima entre 90.000 y 120.000 millones

EL CRUCIGRAMA ELECTORAL DEL FRENTE PROGRESISTA LO CONVIERTE EN UN VERDADERO JEROGLIFICO PARA LOS CIUDADANOS ELECTORES

REALMENTE EL CRUCIGRAMA ELECTORAL ENTRE LOS DOS SOCIOS MAYORITARIOS DEL FRENTE PROGRESISTA EN LA PROVINCIA Y LA NACION ES COMO PARA PONERSE A RASCARSE LA CABEZA UN RATO LARGO. ASI, EN EL MISMO,  SE PUEDE ENCONTRAR A UN RADICAL QUE ACOMPAÑARA AL DELFIN DE BINNER EN LA FORMULA, PERO VOTARA A ALFONSIN EN LA PRESIDENCIA Y NO A BINNER.EN LA PRESIDENCIAL.

JORGE HENN, EL COMPAÑERO DE BONFATTI DESIGNADO POR BINNER,  VOTARA A ALFONSIN, Y PARA JUSTIFICARLO APLICA LA “OBEDIENCIA DEBIDA” QUE UTILIZARON LOS MILITARES. PERO NO PARA ALLI TODO. LOS PROPIOS MINISTROS DEL GOBERNADOR, PERO QUE SON RADICALES TAMBIEN SERAN ORGANICOS Y NO VOTARAN AL ACTUAL GOBERNADOR PARA LA PRESIDENCIA.

A PARTIR DE ALLI, UNO SE PREGUNTA.SI EXISTEN DOS POLITICAS DISTINTAS, UNA PARA LA NACION, Y OTRA PARA LA PROVINCIA, O SI LA PROVINCIA FORMA PARTE DE UN UNIVERSO DISTINTO.   A QUIEN PRIORIZARA ALFONSIN SI LLEGARA A LA PRESIDENCIA.  A SUS CORRELIGIONARIOS O A LOS SOCIALISTAS QUE HAN PRACTICAMENTE COPADO.LA ADMINISTRACION PROVINCIAL EN LOS CARGOS ESTRATEGICOS.

PERO HAY MAS.  TAMBIEN ESTA EL CRUCIGRAMA DE LOS DIPUTADOS NACIONALES.  ADONDE IRAN LOS RADICALES Y LOS SOCIALISTAS EN LISTAS DIFERENTES.  A QUIEN RESPON0DERAN UNOS Y OTROS.  HABRA BLOQUES DISTINTOS, COMPARTIRAN LOS SOCIALISTAS LAS POLITICAS DE RODRIGUEZ FRAGA Y DE NARVAEZ SI ALFONSIN ES PRESIDENTE, O POR EL CONTRARIO, LOS RADICALES APOYARAN LAS MEDIDAS  DEL QUE SERIA MINISTRO DE ECONOMIA DE BINNER, CON QUIEN HAN TENIDO NO POCAS CONTROVERSIAS, SOBRE TODO EN MATERIAL DE POLITICA TRIBUTARIA.

TODO UN COMPENDIO DE INTERROGANTES PARA ESTE EXTRAÑO FRENTE PROGRESISTA
  

La informacion sobre la postura de Jorge Henn, fue dada a conocer en una nota del colega Juan Carlos Tizziani, en un reportaje al actual concejal publicado por Rosario 12, y reproducimos textualmente


Mario Barletta fue el primero que dijo: "Si Hermes Binner es candidato a presidente, yo voto a Ricardo Alfonsín". Después, siguió la vicegobernadora Griselda Tessio. Pero no serán los únicos. Lo mismo harán todos los radicales del gabinete, entre ellos el ministro de Obras Públicas, Hugo Storero y el secretario de Planeamiento, Jorge Placenzotti. "Nosotros somos orgánicos, votamos la fórmula de nuestro partido", dijo uno de los funcionarios de la Casa Gris. Entre los legisladores de la UCR tampoco hay dudas. "Nuestro candidato es Alfonsín", fue la respuesta de cuatro consultados: el presidente del comité provincial, Hugo Marcucci, el diputado Carlos Fascendini, el senador Rodrigo Borla y la candidata a diputada Alicia Tate. ¿Pero qué harán los radicales que apoyaron al elegido del gobernador y hoy aspirante a sucederlo el 10 de diciembre, Antonio Bonfatti? Su compañero de fórmula, Jorge Henn develó la incógnita: "Yo soy un militante de la UCR, delegado al comité nacional y orgánico de las decisiones que se tomen en el partido", respondió el candidato a vice del Frente Progresista, en un diálogo con Rosario/12.

La ruptura Alfonsín Binner metió ruido en la provincia. Y si bien, los socios acordaron preservar la alianza gobernante en Santa Fe, la candidatura de

REPRIMEN A MANIFESTANTES EN GRECIA QUE INTENTAN IMPEDIR LA APROBACION DE UN SEGUNDO AJUSTE DEL SOCIALISTA PAPANDREU

LA IMAGEN DE GRECIA ES UNA NUEVA POSTAL DE LO QUE ESTA SUCEDIENDO EN EUROPA CON LOS PLANES DE  AJUSTE PARA QUE EL ENDEUDADO GOBIERNO SOCIALISTA DE GIORGIOS PAPANDREU CONSIGA MAS RECURSOS DEL FMI Y DE LA UNION EUROPEA CON EL AGRAVANTE DE QUE ESTE ES EL SEGUNDO INTENTO DE RECORTAR SALARIOS

OTRA PELICULA SIMILAR A LA DE ARGENTINA 2001, COMO ESTA SUCEDIENDO EN ESPAÑA, AUNQUE EN ESTE CASO LA REPRESION ES MUCHO MAS DURA ANTE EL INTENTO POR IMPEDIR QUE EL CONGRESO APRUEBE EL ENDEUDAMIENTO, Y EN EL MARCO DE UNA HUELGA GENERAL.

EL PROYECTO DEL GOBIERNO SOCIALISTA ES DE APROBAR UN NUEVO PLAN DE AUSTERIDAD DESDE EL 2011 AL 2015 CON UN RECORTE DE GASTOS DE 28.000 MILLONES.

SI EL AJUSTE NO ES SANCIONADO EL GOBIERNO CORRE EL RIESGO DE NO RECIBIR CUOTAS DEL GIGANTESCO PRESTAMO DE 110.000 MILLONES DE EUROS CONCEDIDO EL AÑO PASADO POR EL FMI Y LA UNION EUROPEA

PARA CONSEGUIR LOS RECURSOS, EL SOCIALISTA PAPANDREU DEBIO DAR MARCHA ATRÁS CON SU PROMESA DE NO AUMENTAR IMPUESTOS Y A SU VEZ ANUNCIAR UN PLAN DE PRIVATIZACIONES DE MÁS DE 50.000 MILLONES DE EUROS





La policía seguia reprimiendo hoy  a manifestantes que intentaban bloquear el Congreso contra el ajuste  Policías griegos arrojaron gases lacrimógenos para reprimir a manifestantes que intentaban bloquear el Parlamento, donde el gobierno tiene previsto iniciar un debate sobre un nuevo plan de ajuste para que el endeudado país reciba otro préstamo internacional.


Los incidentes en el centro de Atenas, que incluyeron forcejeos con policías, fueron protagonizados por pequeños grupos de manifestantes durante una congregación de más de 20.000 personas llegados al Parlamento para repudiar los planes de ajuste en coincidencia con una huelga general de 24 horas.

Gran parte del centro de la capital quedó desierto luego de que las autoridades prohibieran el tránsito vehicular y de peatones para que la policía lleve a cabo un operativo destinado a permitir a los diputados acceder en auto al Parlamento.

Unos 5.000 policías, entre ellos cientos de agentes antimotines y motorizados, establecieron vallas e incluso desplegaron colectivos alrededor del Parlamento para impedir que los manifestantes antiajuste rodearan la sede del Legislativo antes del debate.

Antes de los incidentes más serios, los ánimos ya se habían caldeado en uno de los accesos al edificio, donde manifestantes trataron de derribar una gran valla y arrojaron botellas de plástico contra la policía, que respondió con gas lacrimógeno, informó la cadena de noticias CNN.

La mayoría del resto de los manifestantes congregados en la plaza Syntagma, frente al Parlamento, permaneció tranquila.

El número de personas creció sin pausa a lo largo de la mañana al ritmo de la llegada a la plaza de columnas de manifestantes de distintos sindicatos. La protesta congregó a gente de todas las edades, y muchos iban acompañados de niños a los que subían a sus hombros cuando había corridas o se elevaba la tensión.

"¡Renuncien, renuncien!", gritaba la multitud frente al Parlamento.

Anteriores marchas contra el ajuste en Atenas degeneraron en violencia, y tres empleados de un banco murieron en mayo del año pasado en la capital griega cuando exaltados arrojaron una bomba incendiaria contra el edificio de la entidad.

El vocero policial Athanassios Kokalakis dijo que 10 personas fueron detenidas brevemente por pretender bloquear la entrada de diputados al Parlamento.

Unas cien personas abuchearon y silbaron al raudo paso de los autos que llevaban al primer ministro Giorgos Papandreu y al presidente Karolos Papoulias.

La manifestación en la plaza llegó en medio de una huelga general que paralizó los servicios públicos en todo el país.

En los hospitales sólo hubo servicios de emergencia, el transporte público, incluyendo el vital servicio de ferries, quedó reducido a la mínima expresión y durante la mañana no hubo programas de noticias en la radio y la televisión.

Los sindicatos de prensa, no obstante, suspendieron luego su adhesión a la huelga para cubrir los acontecimientos en Atenas.

Los vuelos también operaban normalmente porque los controladores aéreos finalmente no se plegaron a la medida.