Las cosas de Mauricio Macri

LAS COSAS DE MAURICIO MACRI

EN ESTE EPISODIO DONDE EXHIBE TODA SU INCAPACIDAD PARA GOBERNAR,  DICTO UN DECRETO IMPONIENDO SANCIONES INCONSTITUCIONALES PARA QUIENES DIFICULTEN LA DISTRIBUCION DE DIARIOS Y REVISTAS

MACRI AL GOBIERNO, MAGNETTO AL PODER. EL JEFE DE GOBIERNO DE BUENOS AIRES, HACE, DICE Y FIRMA TODO LO QUE LE INDICA EL CEO DE CLARIN, AUNQUE SEA EN ESTE CASO UN DECRETO QUE VIOLENTA LA CONSTITUCION

Aníbal Fernández, el Jefe de Gabinete, califico de “ridículo” al decreto por el cual

el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por el cual se incorpora al Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires la penalización para quienes bloqueen la distribución de diarios y revistas en la comuna.

"Hizo una ridiculez. Magnetto le dio la orden y él lo firmó pero sabe que lo van a declarar inconstitucional porque no puede legislar sobre materia penal", explicó Fernández en declaraciones radiales.

Se trata de un decreto que el líder PRO firmó el martes el cual amplía los alcances del Código Contravencional de la Ciudad y establece sanciones para quien “intencionalmente impida, obstruya u obstaculice” la producción, impresión o distribución “de ideas”.

La norma agrega tres artículos al código vigente en el distrito y cita como antecedente la protesta gremial que obstaculizó la salida del diario Clarín hace once días.

"Cobos no tiene catadura moral"

El jefe de ministros también le apuntó al vicepresidente Julio Cobos al considerar que era "impensado" que finalmente se presente como candidato a presidente para las elecciones de octubre.

"No se puede bajar quien no se subió. Era impensado que un señor que no tiene catadura moral se presente y sea premiado con la posibilidad de ser candidato", opinó Fernández sobre la decisión del titular del Senado de no enfrentar las urnas este año.

"No tengo porque meterme en la oposición, pero un señor que defeccionó a los 3 meses de haber acompañado en una fórmula, no puede ser candidato", sen

Las quejas de sectores empresariales porque el Estado quiere controlar la plata que le presta

AL ESTABLISHMENT ENCABEZADO POR TECHINT Y LA UEA, MOTORIZADOS POR LOS MEDIOS MONOPOLICOS Y SECTORES DE  LA DERECHA LE GUSTA PEDIR PLATA, PERO NO QUE LO CONTROLEN Y RECHAZAN LA INTERVENCION ESTATAL

PIDEN PLATA DEL SECTOR PUBLICO Y DE LA GENTE, PERO NO QUIEREN QUE HAYA REPRESENTANTES DEL ESTADO PARA QUE HAYA CONTROLES EN LAS EMPRESAS

EL LAMENTO EMPRESARIAL HABLA POR LO BAJO DE LA AMENAZA DE NACIONALIZACIONES DE EMPRESAS ESTRATEGICAS, Y SEGURAMENTE AHORA APARECERA DE NUEVO LA HISTORIA DE “LA FALTA DE SEGURIDAD JURIDICA. LO INSOLITO DEL CASO ES QUE UN GOBERNADOR SOCIALISTA EN ENTREVISTA TELEVISIVA ADJUDICO LA FALTA DE INVERSIONES EN LA PROVINCIA  JUSTAMENTE A ESA “INSEGURIDAD” QUE SUFREN LOS EMPRESARIOS.

En la nota de tapa de Pagina 12, de Tomás Lufkin, se refiere a la decisión del Gobierno que habilitó la designación de representantes del Estado en el directorio de las empresas donde el sector público posee una parte del capital social recibió un férreo rechazo del establishment empresario.

 La Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina, los representantes institucionales de los grupos económicos más poderosos, pusieron el grito en el cielo y emitieron dos comunicados similares para cuestionar el decreto de necesidad y urgencia que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Encabezadas por el Grupo Techint, principal exponente en ambas instituciones, la UIA y la AEA expresaron su “preocupación” por los cambios, llamaron a rever la medida y enfatizaron la necesidad del gobierno privado de la actividad empresaria.

El lamento empresario, que no fue unánime, no tuvo un correlato en las cotizaciones de las firmas en la Bolsa de Comercio porteña. Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida y explicaron que busca ampliar el control sobre las empresas donde están invertidos los recursos de la seguridad social, influir en las decisiones de inversión para lograr una mayor creación de puestos de trabajo e impulsar el desarrollo de las firmas para proteger los fondos públicos.

La oposición vertida en los comunicados reactivó el cuestionamiento empresario sobre el rol del Estado y evidenció la preocupación por el aumento en la capacidad del sector público para observar en detalle el accionar y las estrategias de las compañías. “La gestión de las empresas privadas debe mantenerse en manos privadas” y “Preocupación de la UIA por injerencia estatal en la gestión empresaria” son los títulos que eligieron las entidades patronales para sus declaraciones institucionales. Fuera de esas proclamas, dirigentes de esas cámaras interpretaron en diálogo con este diario que el nombramiento de los nuevos directores por el Estado puede ser un paso previo a la nacionalización de empresas estratégicas. A su vez, muchas empresas recordaron que desde que el Gobierno nacionalizó el sistema previsional ofrecieron sistemáticamente recomprar sus activos, algo que la Anses nunca aceptó por el buen rendimiento de las acciones.

“Para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal”, sostiene el texto que difundió AEA, entidad que preside Jaime Campos, directivo de Aceitera General Deheza. Los asociados más relevantes de AEA son el Grupo Clarín y Techint. En tanto, la Unión Industrial, cuya conducción también responde al holding que preside Paolo Rocca, expresó “su preocupación por la modificación” y advirtió que atenta contra la promoción de la actividad privada. En la UIA tampoco se olvidaron de dedicar un párrafo a expresar su perturbación ante “las declaraciones públicas de importantes dirigentes sindicales que solicitaron participación en los directorios”, ya que “aumenta la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas” (ver aparte).

En diálogo con Página/12, en el Ejecutivo enfatizaron que “la experiencia acumulada durante más de un año en muchas de las empresas que hoy difunden sus lamentos fue más que positiva. Eso no quiere decir que no exista tensión entre las posiciones pero la actividad privada siguió siendo muy lucrativa”. A pesar de las expresiones institucionales, no todas las empresas donde el Estado posee acciones cuestionaron la decisión: “El Gobierno ejercerá el derecho político que le da la tenencia en cada una de las empresas. Eso no me parece ningún disparate”, sostuvo el presidente del fondo de inversión Cónsul Tatio, Eduardo Costantini.

Así como Consultadas, otras empresas que recibirán directores estatales evitaron confrontar con el Gobierno. Según admitieron fuentes oficiales, varias de ellas antes que sumarse a la embestida de la AEA y la UIA prefieren negociar en privado quiénes serán los representantes de la Anses que llegarán a sus empresas. Hay otras, en cambio, que deslizaron que estudiarán el decreto 441 para determinar si pueden iniciar acciones legales para evitar su aplicación.

La legislación establece que las empresas tienen cuatro meses para celebrar sus asambleas accionarias una vez que cerró su ejercicio económico. Por lo tanto, aquellas firmas que consolidan sus estados contables el 31 de diciembre tienen hasta fin de mes para organizar los encuentros. Precisamente mañana será el turno de la asamblea de Siderar, perteneciente a Techint.

El Estado mantiene desde fines de 2010 una puja con la compañía para colocar al economista Axel Kicillof, cercano al presidente de Aerolíneas Argentinas y dirigente de La Cámpora Mariano Recalde, como reemplazo de Aldo Ferrer, quien fue designado como embajador en Francia. En lugar de Kicillof, Siderar dejó trascender que postulaba como alternativa para ocupar el puesto correspondiente al Estado al ex director de la Cepal Bernardo Kosakoff. Pero la Anses no aceptó la oferta e insistió con Kicillof, quien ahora tendrá el camino despejado para ingresar al directorio, junto a dos nuevos representantes estatales. Esta posición del Gobierno aumentó los temores de Techint al fantasma de una supuesta nacionalización de Siderar. Allegados al grupo de los Rocca afirmaron que hace dos años el diputado José María Díaz Bancalari hizo una mención al respecto, durante un conflicto gremial, y rememoraron la nacionalización de Sidor –otra empresa del holding– en Venezuela por parte de Hugo Chávez.

La UIA y AEA enfatizaron la necesidad de preservar la limitación del 5 por ciento del derecho a voto, más allá de la magnitud de la inversión, que derogó ayer el DNU 441/11. Esa cláusula se estableció en tiempos de las AFJP para “impedir que intentaran controlar el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”, recordó la UIA. En los considerandos, el DNU responde que esa situación no se da con los representantes del Estado. A su vez, argumenta que la limitación al ejercicio de los votos afecta la capacidad del FGS para defender la administración de los activos

El lobby de las empresas pudo mas que la salud de la gente

LA PRESION EMPRESARIAL ESTIRO EL TRATAMIENTO PARLAMENTARIO QUE RECIEN PODRIA DARSE EN MAYO

EL LOBBY DE LAS EMPRESAS PUDO MAS QUE LA DEFENSA DE LA SALUD DE LA GENTE.  EL PROYECTO REGULATORIO DE LAS PREPAGAS QUE BENEFICIARA A MAS DE 4 MILLONES DE AFILIADOS ESTA TRABADO POR LA BANCADA OPOSITORA ENCABEZADA POR EL RADICALISMO

A pesar del llamamiento del ministro de Salud en defensa de la economía de la gente y del derecho a la salud, el radicalismo y otros sectores de la oposición evitaron que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley regulando la medicina prepaga. De esta manera, GALENO, MEDICAL, SWWISS, MEDICUS, OMINT Y OSDE que controlan el 75 por ciento de la facturación de los usuarios, podrán continuar aplicando aumentos inconsultos.

La bancada oficialista propuso tratarla sobre tablas, pero los radicales hicieron causa con otros bloques y apelaron a una argucia legislativa para postergar el debate en el recinto.

La oposición, sobre todo gracias a la iniciativa del bloque radical, consiguió una vez más postergar el debate del proyecto de ley que regula la medicina prepaga. Será en la próxima sesión, con o sin despacho de comisión. El problema es que no hay fecha prevista y es por ello que el Frente para la Victoria intentó, sin éxito, que se debatiera sobre tablas. La totalidad de los bloques de la oposición acompañó la postergación propuesta por los radicales.

Con dificultad, el oficialismo había digerido la jugada radical del lunes pasado, cuando el vicepresidente de la Comisión de Salud, Agustín Portela (UCR), suspendió la reunión donde debía emitirse dictamen. El legislador radical esgrimió débiles argumentos sobre el fracaso de ese encuentro, que era clave para el devenir del texto legislativo. Incluso llegó a culpar a los asesores de esa supuesta “desinteligencia”. En el oficialismo, la sospecha sobre las presiones que ejercen las empresas de medicina privada no se diluyeron. De todas maneras, y en tren de propiciar la aprobación de otras normas –como el proyecto de ley que modifica la ley de quiebras y que beneficia a las empresas recuperadas–, el bloque que conduce Agustín Rossi aceptó esa nueva postergación. Los radicales respiraron aliviados. Durante la mañana de ayer, varios miembros del bloque radical fueron muy duros con Portela. Le dijeron que no querían notas periodísticas como la que publicó Tiempo Argentino, porque dejan al bloque radical “pegado” a las prepagas. Las radicales María Luisa Storani (Buenos Aires) y la cordobesa Silvia Storni fueron las más duras con Portela. “No debemos perder más tiempo y tenemos que aprobarla tal como llegó del Senado”, le dijeron. Luego de varios cruces, el bloque que conduce el alfonsinista Ricardo Gil Lavedra, acordaron que se presentaría una moción para tratar la norma en la próxima sesión.

Cuando se sentaron en las bancas, el diputado Eduardo Macaluse (SI) presentó la moción del tratamiento del tema. Lo respaldó la peronista federal Graciela Camaño y, de ese modo, más de los dos tercios de los presentes aprobaron la solicitud. Fue en ese momento que desde los bloques opositores surgió la propuesta de aprobar un proyecto de comunicación donde se repudiaran los hechos de violencia vividos en la provincia de Santa Cruz. El FPV estaba dispuesto a acompañarlo. Sin embargo, la intención de incorporarle un párrafo para responsabilizar de lo sucedido al gobierno de Daniel Peralta provocó que Rossi saltara de su banca.

El jefe de los kirchneristas les dijo que no iban a votar nada en contra de un gobernador “al que respetamos y respaldamos”. La oposición, que superaba en número al FPV, forzó la votación, y por el resultado parecía que habían conseguido los dos tercios de los votos que exige el reglamento. Sin embargo Rossi, valiéndose también del reglamento, les demostró que no era válido porque la cantidad de abstenciones se debían contar como votos  negativos y, por ende, no se llegó a la cantidad de voluntades exigidas. La oposición insistía en  que estaba bien votado; Rossi les respondió proponiendo debatir la ley de las prepagas sobre tablas. Nadie, sobre todo los radicales, aceptaba el desafío de Rossi. Es por ello que Gil Lavedra tomó el micrófono para insistir en su tesis, que fue respaldada por el legislador de la Coalición Cívica  Fernando Iglesias. No tuvieron suerte: la lectura del reglamento le dio la razón a Rossi. Al final, y con la participación del presidente del cuerpo, se zanjó la discusión postergando la reglamentación de las prepagas para la próxima sesión; y para el final del debate de ayer, el repudio a las agresiones. Esta declaración se aprobó cerca de las 21 y con el quórum estricto, pero sin endilgarle responsabilidad al gobernador Peralta. Se podría decir que fue un empate técnico. Es probable también que esta noticia no sea del agrado de los más de 4 millones de argentinos que se atienden en el sistema de salud privado y resisten continuas subas tarifarias y abusos en los planes. Deberán esperar al menos un mes más. Mientras tanto, las empresas Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE, que controlan el 75% de la facturación total del sector, podrán seguir gozando de los incrementos inconsultos que aplicaron en diciembre de 2010 y en enero de este año. <