sábado, 16 de abril de 2011
ahora es el INADI el que denuncia por discriminacion a Pino Solanas
“PENSAMIENTOS “ FUE EL PRIMER ESPACIO QUE DENUNCIO A PINO SOLANAS POR DISCRIMINACION CONTRA” EL VOTO DE LOS POBRES”
NO LAS TIENE TODAS CONSIGO EL CANDIDATO DE PROYECTO SUR, YA QUE ADEMAS DE LAS CRITICAS QUE LE PROPORCIONO HERMES BINNER Y OTROS SECTORES POLITICOS, AHORA SE LE HA SUMADO EL INADI QUIEN LO ACUSO DE “DESCALIFICAR A SUS CONCIUDADANOS”
Fernando Solanas, el que todavía no sabe si de acuerdo a sus especulaciones políticas se va a presentar como candidato a presidente o a Jefe de Gobierno de Buenos Aires, no se le ocurrió mejor estrategia electoral al definir los resultados en Salta, que “las provincias mas pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto”, con lo cual hizo tabla raza con lo que filmo y denuncio en La Hora de los hornos.
El Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) acusó al precandidato presidencial de Proyecto Sur Fernando Solanas de "descalificar a sus conciudadanos", luego de que afirmar que "las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto".
En un comunicado de prensa, el organismo expresó su profunda preocupación por el episodio y afirmó que estas manifestaciones harían una supuesta referencia a la "baja calidad" en los votos de esos electorados.
Al respecto Claudio Morgado, presidente del INADI, expresó que "la igualdad política, sustento y fundamento de la igualdad social y cultural, no admite calificaciones ni condicionales".
"Los votos de todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales, y valen lo mismo dentro de una urna. Los/las representantes que quieran ser votados deben esforzarse por persuadir a sus conciudadanos en tanto iguales y no descalificarlos si su propuesta electoral no es acompañada", aseguró.
Y agregó: "Cuestionar un resultado electoral descalificando la legitimidad cultural de los votantes resulta, además de discriminatorio, una clara violación al más básico espíritu democrático".
Por su parte, la vicepresidenta del organismo, María Rachid, calificó como "muy triste que haya gente que piense que hay personas mejor calificadas que otras para votar".
"La experiencia personal y colectiva es la mejor fuente de sabiduría a la hora de elegir a quienes nos representen. Todas las personas deben tener los mismos derechos, especialmente cuando se trata de aquellos derechos que garantizan la democracia y la igualdad", finalizó
El Grupo Clarin le debe 100 millones de pesos a los jubilados
LAS CAUSAS SECRETAS DE LA FURIBUNDA EMBESTIDALA DECISION DEL ESTADO NACIONAL DE HACER VALER SUS TENENCIAS ACCIONARIAS EN DISTINTAS EMPRESAS PRIVADAS
POR LA PARTICIPACION EN
EL GRUPO CLARIN LE DEBE MAS DE 100 MILLONES DE PESOS A LOS JUBILADOS POR LA NO DISTRIBUCION
Lejos de obedecer a razones de índole ideológica o de defensa de la “libertad económica”, el furibundo ataque que por estos días ensaya el diario Clarín contra la decisión oficial de hacer valer los derechos políticos del Estado en forma proporcional a la tenencia accionaria en empresas privadas que cotizan en Bolsa, tiene motivos mucho más terrenales.
Y es que en función de la participación en las acciones del 9% que el Estado argentino –a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) – mantiene en el poderoso holding le correspondería, sólo por el ejercicio fiscal de 2010 una suma equivalente a los $ 48 millones. Eso se debe a que para el último ejercicio que venció el 31 de diciembre de 2010, el multimedios comandado por la dupla Noble-Magnetto informó a la Bolsa de Comercio ganancias por $ 533.714.480, lo que equivale a un nivel de rentabilidad del 84% superior a la que había tenido en 2009.
La negativa del Grupo Clarín a distribuir dividendos no es algo nuevo. De hecho, la ANSES inició un pleito judicial contra el Grupo por el no reconocimiento de los derechos económicos del Estado. El 22 de abril de 2010, la asamblea de accionistas resolvió no distribuir los $ 290 millones de utilidades que Clarín obtuvo durante el ejercicio fiscal de 2009. Ese dinero pasó a engrosar un fondo que ya acumula $ 700 millones.
Es por ello que el organismo que conduce Diego Bossio reclama en la actualidad el 9% de ese fondo ($ 63 millones), a lo que habría que adicionarle el porcentaje correspondiente a las utilidades de 2010. Tras un primer fallo adverso, la ANSES elevó la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que deberá expedirse sobre la cuestión.
Los antecedentes les son favorables, ya que en febrero pasado en un pleito de características similares al entablado contra Clarín, la justicia le dio la razón al reclamo de la ANSES contra la eléctrica Emdersa, compañía que no quería pagar dividendos y de la que el ente estatal posee el 20,96% de las acciones.
En esa ocasión, el fallo de la Sala D precisaba que “el derecho al dividendo de los socios o accionistas sólo puede ser negado por graves motivos”, con los que la empresa está obligada a explicar las razones por las cuales las utilidades se destinan a la creación de reservas, en forma clara, circunstanciada y detallada.
El 10 de marzo pasado, una asamblea ordinaria puso a consideración de los accionistas del Grupo que de los $ 533,7 millones de utilidades obtenidas el año pasado, $ 26.685.724 vayan a conformar la reserva legal, que $ 120 millones sean destinados al pago de dividendos y que $ 387.028.756 formen parte del Saldo a Resultados no Asignados.
Desde que a fines de 2008 el gobierno se hizo cargo del sistema previsional, y por ende, de las acciones que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tenían en su cartera, la ANSES no ha percibido los dividendos que le corresponden en función de esas mismas participaciones. Por tal motivo cobra relevancia el Decreto 441 publicado el miércoles pasado en el Boletín Oficial, por el cual se le asegura al Estado el ejercicio de los derechos políticos que en su calidad de accionista relevante le corresponden en aquellas empresas donde posee participación, dejando atrás las limitaciones que regían durante la época de las AFJP, por las cuales estas solamente podían ejercer derechos políticos por el 5% de las acciones, aun cuando dispongan en su cartera de una participación mucho más elevada.
Pese a haber un proceso legal de por medio, el multimedios se niega a reconocer los derechos económicos del Estado, que detenta a través de la ANSES el 9% de las acciones del Grupo.
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