INFORME REVELADOR DE LA OFENSIVA DE LA TRASNACIONAL CONTRA EL GOBIERNO DE CRISTINA
.
COMO DESDE LA TRASNACIONAL SE ADOCTRINA OPOSITORES, SE LANZA CANDIDATOS, SE DISPLINA A EMPRESARIOS Y SE PRESIONA A DIPUTADOS COMO EN EL CASO DE LA CC CON CARRIO A LA CABEZA, LA UCR, PROYECTO SUR Y EL PRO
EL PLAN SECRETO DE PAOLO ROCCA, REVELA EL FEROZ ATAQUE DE LA LOGIA DE TECHINT AL GOBIERNO QUE SE ASIMILA EN PARTE A LA EMBESTIDA DE LA “PATRIA RURALISTA” EN EL 2007 CUANDO SE INTENTO UNA MANIOBRA DESTITUYENTE CONTRA CRISTINA
EN REALIDAD LA OFENSIVA DE LA TRASNACIONAL ESTA BLANQUEANDO LA DECISION DE ESTOS SECTORES DE CONTINUAR SIENDO UN PODER MAS PODEROSO QUE EL PROPIO PODER DE LA REPUBLICA Y LA CONSTITUCION .
HECTOR MAGNETTO CON CLARIN, JOAQUIN MORALES SOLA, EL PERIODISTA DE LA EMBAJADA DE EEUU, CARLOS PAGNI, EDITORIALISTA DE LA NACION FORMAN LA ELITE DE LA APOYATURA A PAOLO ROCCA
Un informe de la Revista Veintitrés. Pasaron casi siete décadas desde que los capitales italianos de Techint desembarcaron en la Argentina. En ese tiempo, se sucedieron democracias y dictaduras, modelos de gobierno, años de bonanza y de crisis. Pero a corporaciones como la que encabeza Paolo Rocca no les preocupan estos cambios. Sólo el statu quo los convoca, en defensa de los privilegios adquiridos. Es que, por definición, poderes como el que encarna Techint siempre quieren más de lo mismo.
El conflicto desatado el pasado 15 de abril en la asamblea de accionistas de la metalúrgica Siderar SA, una de las puntas de lanza del Grupo Techint, expresa la baja tolerancia de Rocca y el empresariado que le es afín ante cualquier medida que ponga en discusión los “fueros” que antaño supieron conseguir, a fuerza de concesiones y complicidades.
Por eso, en su cruzada, Techint no está sólo: cuenta con un influyente club de amigos, abroquelados en cámaras empresariales, en grupos de lobby, en el grueso de la oposición parlamentaria y en los pomposos think tanks, donde los paladines del libre mercado rechazan cualquier señal que indique que el Estado comienza a despertar de su sueño eterno. La forma en que estos sectores salieron a “bancar” a Techint en su cruzada final contra el kirchnerismo demuestra la vigencia de los pactos de connivencia entre aquellos sectores que hace años vienen beneficiándose con los vaivenes de la economía argentina.
El primero en solidarizarse con Rocca fue su socio Héctor Magnetto, que dedicó una profusa cobertura en sus medios a la victimización de Siderar, incluidas las predicciones acerca de una avanzada estatizadora. Otro tanto hizo el diario La Nación, a través de los incombustibles periodistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni. Nada es casual: esta alianza de Techint y Clarín se corporiza en la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la que también participa el director de La Nación, Julio César Saguier.
En la mesa chica de AEA se congregan los CEOs de las principales compañías que operan en el país, con una espalda de lobby de 200.000 millones de pesos, que es lo que las patronales allí reunidas facturan al año.
Por acuerdo entre Magnetto y Rocca, fue ungido titular de AEA Jaime Campos –de Aceitera General Deheza–, que ya desde 2009 viene devolviendo el favor. En junio de ese año y ante la Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados, Campos pidió que se revisara la decisión de incorporar a Venezuela al mercado común. Por entonces, Hugo Chávez había decidido la estatización de Sidor, propiedad del holding que encabeza Rocca.
Campos fue claro: “Techint es para nosotros un modelo de lo que aspiramos para las empresas argentinas”, sostuvo.
El holding se había quedado con el paquete accionario de Sidor en 1997. Pagó 1.200 millones de dólares, cuando otras tasaciones valuaban la planta en 8 mil millones de dólares. Desde ese momento, la subsidiaria venezolana de Techint aplicó una férrea política de reducción y tercerización del personal.
En el entorno de Rocca sostienen que el decreto de necesidad y urgencia 441, firmado por la presidenta Cristina Fernández el pasado 13 de abril, es la antesala de un nuevo Sidor. “Es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal”, sostuvo AEA en un comunicado.
El otro puño que completa la primera línea de defensa Techint es la Unión Industrial (UIA), donde la organización colocó a uno de sus operadores: Luis Betnaza. El director de Relaciones Institucionales del grupo ocupa la vicepresidencia segunda de la UIA e intenta sumar voluntades para la causa de su jefe. La tarea no es fácil –existe un sector de empresarios independientes que resiste la colonización metalúrgica–, pero el peso específico de Techint hizo que, en una primera reacción, la cámara respaldara al grupo de Rocca.
Sin embargo, como también sucede en AEA, las fracturas de la entidad industrial son inocultables. Muchos de sus socios no quieren que les pase lo mismo que con Clarín: quedar en medio de una guerra que no sienten como propia.
En definitiva, mientras el Gobierno expresó que busca separar la paja del trigo en su relación con los grandes empresarios, la estrategia de Techint y compañía es instalar la vieja idea de que “si tocan a uno, tocan a todos”.
Para que los comunicados de la UIA y AEA pasen de las portadas de Clarín y La Nación a los hechos, Techint empuja a los dirigentes de la oposición, que una vez más invocaron la defensa de las instituciones. Desde los bloques de diputados de la Coalición Cívica, la UCR, el Pro y Proyecto Sur –aunque este último con posiciones divididas– se cuestionó que el Ejecutivo usara un DNU y reclamaron que se diera intervención al Parlamento. Exactamente lo que reclamaba Techint.
Elisa Carrió vaticinó un “plan de La Cámpora para extorsionar” –el economista Axel Kicillof, director propuesto por la ANSeS, es cercano a esta agrupación–; el macrista Cristian Ritondo temió la “chavización” de la economía; el radical Oscar Aguad se preocupó por la inseguridad jurídica y la pérdida de inversiones extranjeras; y Claudio Lozano se quejó de la “desprolijidad” del Gobierno. Históricamente la familia Rocca supo hacerse fuerte en su habilidad para cautivar a los políticos. Sin embargo, parece haber perdido el toque. En 2007 apostó por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, candidato presidencial por la UCR. Más cerca en el tiempo, hasta hace pocas semanas apoyaba la fallida aventura electoral del senador Ernesto Sanz.
Este y otros episodios fueron limando la relación con el kirchnerismo, que pasó del respeto a la confrontación. Hoy, a imagen de su socio Clarín, Techint decidió estrechar lazos políticos con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que ya puso lo mejor de sí para demostrar su respaldo a Rocca.
El apoyo brindado por Macri tuvo un escenario excluyente en el campo de las ideas. Más precisamente, en las fundaciones que suelen rodear a políticos como el intendente porteño y a empresas de alta facturación como Techint. En ese marco, Macri y Rocca tuvieron la oportunidad única de contar entre sus filas a un Premio Nobel de Literatura: el peruano Mario Varga Llosa, fervoroso antikirchnerista e invitado a la Feria del Libro.
El pasado lunes 18 de abril, Varga Llosa compartió un almuerzo con Daniel Novegil, presidente de Ternium, una de las más redituables operaciones del emporio Rocca. La comida fue en la Fundación Proa, financiada por Tenaris, integrante del mismo grupo.
Antes, Varga Llosa había recorrido una muestra organizada por Proa en La Boca, donde caminó junto a Macri; su esposa, Juliana Awada, y una troupe de ministros porteños. Ese mismo día, el escritor también se acercó al Hotel Sheraton, donde intercambió opiniones con Macri, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda; el diputado Francisco de Narváez; la embajadora de los Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez, y el empresario Cristiano Rattazzi, entre otros.
Pero la crema de la jornada se degustó en el almuerzo con Novegil. Del cónclave también participó Gerardo Bongiovanni, presidente de la liberal Fundación Libertad, de Rosario, quien acostumbra agasajar a los más ultramontanos paladines del free market. Fue precisamente esta fundación la que auspició el congreso que entre el 17 y el 20 de abril brindó en Capital Federal la Sociedad Mont Pelerin, otro baluarte neoliberal. Radicado en Suiza, este think tank fue fundado en 1947 por Friedrich A. von Hayek, ante un temor muy parecido al que hoy tienen Rocca, Magnetto y los suyos. Von Hayek, considerado uno de los padres del pensamiento liberal, reunió en la villa de Mont Pelerin a un grupo de notables con el fin de tomar las medidas necesarias para proteger la salud del mercado. Temían a la sombra negra del comunismo casi tanto como Rocca le teme al control estatal.
En su versión local, la consigna del evento de la Sociedad Mont Pelerin no podía ser más acorde al trance de Techint: “El desafío populista a la libertad en América latina”.
Entre los expositores argentinos estuvieron el economista Ricardo López Murphy y el escrito Marcos Aguinis –una suerte de Varga Llosa criollo–, junto a panelistas del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), del think tank Atlas 1853 y de Junior Achievement Argentina. Esta última fundación, cuyo director es el contador Eduardo Marty, se dedica a “generar el espíritu emprendedor en los jóvenes” y tiene un convenio con Siderar para que profesionales de la empresa den charlas a alumnos en sus primeros años de estudio. Todo sea por formar cuadros que, en el futuro, cumplan el sueño a Von Hayek.
Europa, por cierto, no sólo aporta inspiración intelectual a esta historia. Antes de hacer buenos negocios en suelo argentino, los Rocca supieron ser parte del armado industrial de la Italia de Benito Mussolini. El precursor fue Agostino Rocca, que dio sus primeros pasos en la Banca Commerciale, más específicamente, en la metalúrgica Dalmine. Más tarde, tras la fundación del Istituto per la Ricostruzine Industriale (IRI), Agostino fue nombrado director y tuvo a su cargo las empresas que operaban estrechamente con la industria bélica de la Alemania nazi.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los primeros Rocca llegaron a la Argentina. Fue en 1946, bajo el paraguas de la Compañía Técnica Internazionale (Techint). Una de sus primeras empresas estuvo radicada en Campana: la planta Dalmine Siderca.
El grupo, que desde su origen mostró una curva de negocios ascendente, fue uno de los que maximizaron ganancias y posiciones de mercado, primero, durante la dictadura, y más tarde con el menemismo, sobre todo a partir de la polémica privatización de Somisa, la actual Siderar. En ese interregno, Techint abrió 10 nuevas compañías, consolidando así un dominio oligopólico. Al mismo tiempo, diversificó su cartera de negocios y extranjerizó aún más su matriz.
En la actualidad, sus principales operaciones están concentradas en las empresas Tenaris, líder global en tubos de acero y servicios para la industria del petróleo y gas; Ternium, que concentra la provisión de aceros planos y largos en Latinoamérica, y la petrolera Tecpetrol. En un segundo plano están Techint E&C, dedicada a obras de ingeniería, y Tenova, proveedor de tecnología industrial y minera. Por último, en suelo italiano, el holding opera la red de clínicas Humanitas.
Hoy, Siderca-Tenaris, que fabrica tubos de acero sin costura y exporta el 70 por ciento de su producción, vende uno de cada tres de los caños que emplean las plantas petroleras del mundo. En 2010, sus ventas fueron de 3.120 millones de dólares, con una ganancia operativa de 1.573 millones de dólares.
En el caso de Siderar-Ternium, según la Comisión de Defensa de la Competencia, en la Argentina acapara el 84 por ciento de la producción de chapa laminada en caliente y el 99 por ciento en el caso de la chapa laminada en frío, un insumo clave para la industria metalúrgica, lo que la vuelve poseedora de un virtual “commodity” a nivel local.
Según datos de la Bolsa de Valores porteña, la rentabilidad neta de Siderar roza el 30 por ciento. En 2010, registró ventas netas por 7.382 millones de dólares, un 49 por ciento más que en 2009. En un año, la ganancia operativa creció un 256 por ciento, pasando de 296 millones a 1.053 millones de dólares.
A pesar de esta bonanza, el grupo es refractario a mostrar los detalles de su éxito económico y sigue negando que los directores del Estado nombrados por la ANSeS se sienten, con plenitud de facultades, en la mesa chica de Siderar. Un hecho que podría explicarse por algo más que los pruritos ideológicos.
Por un lado, la empresa viene negándose, sin mayores argumentos, a repartir los dividendos acumulados durante varios ejercicios en sus arcas. Según la ANSeS, estas “reservas para inversiones” que nunca se concretan rondan los 6.500 millones de pesos.
El dato cobra su verdadera dimensión si se tiene en cuenta que Techint constituye un clásico caso de corporaciones transnacionales con presencia en todo el mundo pero con sedes comerciales en los paraísos fiscales más permisivos del mundo. Tanto que hace poco trasladó su domicilio de las Islas Caimán a Luxemburgo, e igual decisión tomó para su firma controlante, San Faustin, que dejó su antigua radicación en Curazao. Por su parte, Rocca & Partners, controladora de San Faustin, informó que había creado una fundación privada bajo las normas vigentes en Holanda.
Un ingenioso y cosmopolita laberinto societario que, como todo laberinto, sólo tiene una razón de ser: despistar.
Al mismo tiempo, la clara posición dominante que el grupo detenta en la Argentina lo hizo acreedor de varias denuncias por cartelización para manejar a su antojo los precios y condicionar así a toda la cadena de valores. El propio Novegil lo reconoció en una entrevista radial: “No queremos que el Estado participe en la política de formación de precios de nuestra compañía”. O sea: en la formación de precios de un insumo básico que empuja al alza la inflación.
Con todo el poder de su facturación y el peso de los más de 10 millones de toneladas de acero que al año fabrica en Sudamérica, Techint quiere que nada de esto cambie. Como siempre, pide más de lo mismo.
_______________________________________________________________________________
Opinión
Por Ricardo Nissen, Asesor de la ANSeS en materia de legislación comercial
La situación de ser, en nuestro país, un socio o accionista minoritario de una sociedad anónima es desalentadora y supone todo tipo de inconvenientes para el ejercicio de los derechos que otorga la ley. Ello no implica hacer una crítica a la ley 19.550, sino a la interpretación de sus instituciones que ha hecho la jurisprudencia, totalmente restrictiva en perjuicio del accionista y refractaria a la amplitud con que este puede ejercer sus derechos dentro de la sociedad.
No son aislados los fallos judiciales que han restringido, hasta límites casi intolerables, el derecho de información que la ley 19.550 otorga a todo integrante de una sociedad, resultando también inexplicable la existencia de fallos que niegan el derecho de reclamar ante la Justicia la nulidad de un aumento del capital social. Lo curioso es que nada de ello dice la ley 19.550 y que el Código de Comercio prohíbe expresamente a los jueces emitir disposiciones generales, algo que los magistrados de la ciudad de Buenos Aires ignoran olímpicamente.
Y si es desalentadora la situación del accionista minoritario en una sociedad anónima, mucho más lo es cuando ese accionista es el Estado nacional o cualquiera de sus organismos, como lo es la ANSeS, que ha debido soportar, desde que se hizo cargo de la cartera de inversiones bursátiles que poseían las AFJP, la insólita limitación prevista por la ley 24.241, que restringió al 5 por ciento del capital social el ejercicio de sus derechos políticos, como el derecho de voto, no obstante que sus participaciones accionarias alcancen un porcentaje muy superior.
Resulta contrario a la filosofía que inspiró a los legisladores de la ley 19.550, y a la propia naturaleza de toda sociedad comercial, que la cantidad de votos de un accionista resulte inferior a la cantidad de acciones de que es titular. Ese estado de cosas es lo que modificó el DNU 441, vigente desde el 13 de abril pasado.
Por eso, lo sucedido en la última asamblea de accionistas de Siderar SA es inconcebible, pues vigente el aludido decreto, mal pueden los controlantes de dicha sociedad pretender que la ANSeS emita sus votos como si el DNU nunca se hubiera dictado, o reflejar una doble votación en el acta, argumentando que no estaban convencidos de la legalidad de la nueva normativa.
Ese proceder es gravísimo y susceptible de provocar la intervención judicial, pues no hay peor infracción por parte de una compañía mercantil que desconocer o actuar al margen de la ley, que es lo que sucedió en la referida asamblea, en donde el accionista controlante de Siderar SA alegó una supuesta inconstitucionalidad del DNU 441 como único argumento para suspender y postergar el acto asambleario, evitando que la ANSeS pueda ejercer un derecho que le concede la ley 19.550. Lo que la prensa adicta a los grandes grupos calificó como una proeza de los accionistas de Siderar SA, fue una actuación que repugnó el ordenamiento legal vigente, así como falsas fueron las opiniones de supuestos especialistas que cuestionaron el voto en contra del organismo previsional, cuando se opuso a la distribución de ganancias, en tanto dicha sociedad tiene “reservadas” ganancias de ejercicios anteriores sin un destino específico y que alcanzan un monto mayor a los 6 mil millones de pesos, que los directores y accionistas controlantes de Siderar SA pretenden no distribuir jamás.
Es de esperar que la Justicia condene esa manera arbitraria e ilegítima de actuar, pero hay que tener presente que, hace poco, en el caso “Papel Prensa SA”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial adujo que el Estado, titular de un importante porcentaje accionario, no tiene derecho de pedir al directorio información sobre aspectos de la gestión social. No hay muchos elementos para permitir ser optimistas y esperar un fallo ejemplar que garantice la seguridad jurídica de quienes, como la ANSeS, tienen inversiones en empresas líderes del país.
_______________________________________________________________________________
EL DERECHO Y EL DEBER
Por Daniel Moreira, Secretario de la Asociación Pyme (regional Buenos Aires)
Hay un doble discurso en las grandes empresas. Por un lado, critican al Ejecutivo por la inflación a través de las tapas de los medios monopólicos, y por el otro, son los principales artífices del aumento de precios. Los valores no se disparan por arte de magia. Hay actores con nombre y apellido que incrementan los precios sin el más mínimo control y con total descaro. Un caso paradigmático es el del sector siderúrgico. Desde la Asociación de Pequeños y Micro Empresarios venimos advirtiendo sobre las subas que en los últimos tiempos se dieron en esta industria, tanto en la chapa galvanizada como en las laminadas en frío y en caliente. Esta decisión unilateral y especulativa tiene como víctimas a las pymes, que deben pagar excesivos precios por estos insumos, con graves consecuencias para el aparato productivo nacional. El responsable y actor principal de este rubro es, a la sazón, Techint.
En este contexto, apoyamos rotundamente la participación estatal en la toma de decisiones en este tipo de empresas, que funcionan casi monopólicamente y esquivan los controles. También cuestionamos el argumento que esgrimieron algunos representantes de estos grupos, que hablaron de la “injerencia” del Estado en los asuntos privados y de una sensación de “inseguridad jurídica”. De igual forma, rechazamos al sector de la oposición que plantea una actitud política que busca retornar a los’90, donde el neoliberalismo regía el mercado, beneficiando a unos pocos y perjudicando a la gran masa del pueblo.
El Estado no sólo tiene el derecho, sino también el deber de velar por el capital social en el que invirtió la sociedad. Las AFJP destinaron los aportes de los trabajadores a dudosas prácticas especulativas y a capitalizar a las mismas empresas que hoy se quejan. El Estado debe sentarse a discutir con los privados, no como un hermano mayor ni con autoritarismo, sino como un socio que ya no es bobo ni obediente, sino que ejerce con voluntad y conciencia el mandato que le ha dado el pueblo argentino
