EL SISTEMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS QUE ESTA LLEVANDO A CABO LAS MADRES SE INICIO EN EL 2004, Y NO ES EL UNICO, PERO SOLO SE METIERON CON ELLAS. ACTUALMENTE HAY 30 ONG QUE ESTAN CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO VIVIENDAS, Y OTRAS 40 ANOTADAS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDAS POPULARES
“SOLEMOS TENER BAJO PERFIL, PERO HAY QUE DECIR QUE EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ES ESPECTACULAR”. EXPLICA GABRIEL CASTELLI, DIRECTOR GENERAL DE CARITAS A QUIEN NO SE LO PUEDE ACUSAR DE NADA, Y DURANTE LOS ULTIMOS INAUGURARON 2.547 VIVIENDAS, Y ACTUALMENTE SE ESTAN EJECUTANDO 1.100 A PARTIR DE UNA EROGACION DE CASI 100 MILLONES DE PESOS.
EL TRABAJO DE CARITAS DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA IGLESIA LO DICE TODO AUNQUE LOS QUE MONTARON EL OPERATIVO DESPRESTIGIO NO LO DIVULGUEN PUBLICAMENTE A TRAVES DE SUS ZOCALOS.
Informe sobre la construccion de viviendas sociales de Revista Veintitres
Cómo es el sistema de construcción de viviendas sociales. La prensa canalla y la política buitre utilizan el caso Schoklender para cuestionar que las Madres levanten casas. Pero Caritas, Tzedaka y otras 70 ONG tienen proyectos similares. Mirá la galería de fotos.
Pasto para las fieras. El caso Schoklender no sólo destapó la brutal estafa que tuvo como víctimas a las Madres de Plaza de Mayo y dejó al descubierto prejuicios añejos y profundos. No, provocó algo más: a la vista de todos, comenzó a maquinarse una campaña que tiene como fin manchar una trayectoria de más de tres décadas en defensa de los derechos humanos y derrumbar uno de los programas de inclusión social más ambiciosos de la Argentina reciente.
Los hermanos Schoklender fueron depositarios de la confianza de la institución de las Madres y cambiaron ese privilegio por bienes materiales para provecho propio. Ahora deberán rendir cuentas ante la Justicia. La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a cargo del fiscal Raúl Pleé ya cursó una denuncia contra el ex apoderado de la asociación, Sergio Schoklender. Se lo acusa de lavado de dinero y defraudación a la administración pública. Por otra cuerda y en representación de las madres, Hebe de Bonafini lo querelló por asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad documental. Mientras las Madres soportan los embates de sus detractores, siguen trabajando.
La prensa canalla y la oposición buitre suponen que el caso puede funcionar como una palanca. Buscan perjudicar a través del escándalo la tarea social de la fundación y lastimar al gobierno que lo financia. Pero Hebe no está sola.
El sistema de construcción de viviendas que desde 2004 lleva adelante Madres no es el único, pero sólo se metieron con ellas. Actualmente, treinta organizaciones sociales y no gubernamentales diseminadas a lo largo del territorio nacional se reparten la tarea, construyendo y mejorando viviendas sociales con inclusión social. Hay otras cuarenta ONG anotadas. En total, suman 70 inscriptas en el programa de viviendas populares.
¿Qué tiene de malo que lo hagan? ¿Cuál es el verdadero valor que tiene todo este programa que ya existía pero que tomó impulso en los últimos ocho años?
Durante el pasado 14 de junio, la asociación Sueños Compartidos inauguró en el municipio de Tigre un barrio de 108 casas de hasta cuatro ambientes repartidas en nueve edificios. Entre los casi doscientos operarios trabajaron personas adictas a las drogas en etapa de recuperación y familias que vivían de la recolección de cartones. Muchos de los beneficiarios tuvieron la oportunidad de encontrar trabajo a través del programa.
“El tema tiene muchas aristas: política, jurídica, técnica, afectiva. La vivienda es un derecho humano consagrado”, asegura Rodolfo Livingston, especialista en vivienda social. “En realidad, el hecho de que las Madres hayan encabezado este emprendimiento demuestra la transformación extraordinaria del dolor en acción –continúa el arquitecto–. La vivienda es uno de esos puntos asombrosos. El resultado es muy valioso: las casas son más grandes que las que se habían hecho antes, las entregaron equipadas, con dos baños para las familias numerosas, algo que estaba reservado a la clase media, y con infraestructura de redes. Yendo a la cuestión política, veo que algunos encontraron la oportunidad para criticarlas, se lanzaron como fieras sedientas de sangre y no contra un sistema de construcción ni contra un estafador, sino contra las Madres”. En total, Sueños Compartidos terminó unas tres mil viviendas y tiene en ejecución otro tanto. El objetivo: llegar a las 4.400.
La construcción de viviendas de mano de las organizaciones arrancó a finales de los años ’80 y tuvo un ritmo lento pero sostenido hasta el estallido de la crisis. En ese momento se dejó de lado esa tarea para orientarse íntegramente al trabajo barrial. El paréntesis duró menos de lo pensado ya que dos años después la demanda se activó y se volvieron a apilar ladrillos y arena sin abandonar la acción social.
El funcionamiento de las ONG tiene razón de ser y argumentos para defender. Operan donde el mercado no llega y existen casos en que se trabaja en un número reducido de casas. Además de levantar unidades habitacionales desde sus cimientos, existen organizaciones que se especializan en la reconstrucción de casas y en tendidos de redes domiciliarias. En cuanto a los cuestionados costos de ejecución, se trabaja con un precio uniforme en un sesenta por ciento del país. No es lo mismo construir en la pampa húmeda que en la Patagonia. Una vivienda tipo en la región central cuesta 136.000 pesos, mientras que en Tierra del Fuego el monto se eleva a 295.200 pesos. En la ciudad de Buenos Aires el valor es alto por el costo de la tierra. La región cuyana, al ser sísmica, experimenta una leve suba respecto del mínimo.
Caritas Argentina es otra de las organizaciones que comenzó a construir a la par de Madres de Plaza de Mayo y en la misma época. “Solemos tener bajo perfil, pero hay que decir que el programa es espectacular”, explica Gabriel Castelli, director general de Caritas. “Durante los últimos siete años inauguramos 2.547 casas y actualmente nos encontramos ejecutando las 1.100 restantes –agrega–. Para cuatro de las cinco etapas se invirtieron 98 millones de pesos. Cada unidad tiene un costo de 85 mil pesos y el plan abarca una extensión de ocho provincias. La Iglesia está dividida en diócesis, a nivel geográfico y cada una es autárquica.”
Según Castelli, “los beneficiarios de las viviendas son familias en situaciones de extrema pobreza, que son identificadas por cada diócesis. Los jefes de familia participaron, en promedio, en un 60 por ciento de la construcción de sus propias casas. Solemos construir en terrenos donados, en su mayoría en terrenos fiscales, y para que puedan escriturarse a favor de los nuevos propietarios”.
Las cooperativas también son un instrumento fuerte para el sistema de construcción social. Basadas en un plan de emergencia motorizado por la administración Kirchner, son dos mil quinientas las que funcionan con hasta un máximo de dieciséis personas. El resultado habla por sí mismo: 15 mil viviendas terminadas.
En el caso de las ONG, el control corre por su cuenta, la Inspección General de Justicia, las provincias, los municipios y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo del arquitecto Luis Bontempo. El funcionario explica que, en la edificación o mejoramiento con inclusión social, “nos encontramos con personas que no saben lo que es una cocina a gas porque siempre cocinaron sobre un brasero. Por eso, primero hay que enseñarles. La Subsecretaría de Vivienda provee los fondos, pero la tarea propiamente dicha la realizan las organizaciones. ¡Hay que ir al Impenetrable chaqueño a hacer viviendas! A través de las ONG, ya se levantaron casi diez mil casas sobre un total de 840 mil. Estamos pagando el default social que generaron otros”.
Los costos de construcción son más que razonables. En la mayoría de las obras encaradas por Sueños Compartidos, los números de los precios acordados por metro cuadrado son inferiores a los montos máximos financiables. Por citar un ejemplo: para construir una vivienda en la ciudad de Buenos Aires hacen falta, en promedio, 2.100 pesos. A fines de mayo, las revista de arquitectura del diario Clarín estipulaba otros costos: 5.030 y 4.154 pesos el metro cuadrado para unidades sin industrializar e industriales, respectivamente.
El coro de políticos buitre se valió del escándalo de estafa para desestimar el trabajo concreto de las organizaciones. Páginas de diarios y minutos de radio y televisión los vieron despotricar, oportunistas, en la búsqueda de los votos de cara a octubre próximo. Alberto Rodríguez Saá aprovechó el caso Schoklender para potenciar su lanzamiento como candidato a presidente. “Ha habido una trampa en el manejo de la vivienda en las Madres de Plaza de Mayo”, expresó el puntano, sin diferenciar la acusación que recae sobre los hermanos, del trabajo llevado adelante por las portadoras de los pañuelos. No fue el único. “El eje de las elecciones de este año es que hay que terminar con la corrupción”, disparó Elisa Carrió.
El aliado estrella de Ricardo Alfonsín, Francisco de Narváez, definió la situación como “un caso de corrupción del Estado”, exigió explicaciones de la presidenta Cristina Fernández y se mostró enojado “por el uso de una causa querida y apoyada por todos, la causa de las Madres y las Abuelas”.
Los políticos tenían libreto. El periodista Mariano Grondona embistió semanas atrás, preguntándose en su columna dominical del diario La Nación : “De Schoklender a Hebe, ¿de Hebe a Cristina?”.
En esa misma línea se inscribió la líder de la Coalición Cívica : “Todos los adjudicatarios de las viviendas no sólo los de las Madres, están pagando todos los meses las cuotas de las coimas y los sobreprecios que fija el ministro (de Planificación) Julio De Vido con sus empresas elegidas”. Y el candidato a presidente Eduardo Duhalde no se quedó atrás: diferenció a Hebe y las Madres de Plaza de Mayo de las integrantes de Línea Fundadora. Atentas a su estrategia, las representantes del espacio repudiaron sus declaraciones a través de un comunicado. “Duhalde no tiene autoridad alguna en el campo de los derechos humanos –expresaron–. Se trata de un reivindicador y propiciador público de la impunidad de la dictadura cívico militar que ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país y cuyos delitos contra la humanidad están siendo juzgados, en la actualidad, por la Justicia argentina.”
Al cierre de esta edición, distintas oficinas de las Madres de Plaza de Mayo eran allanadas por orden del juez federal Norberto Oyarbide, al tiempo que el abogado Hugo Omar Gallardo era echado de la fundación por su proximidad a Sergio Schoklender.
Aunque la rapacidad de los buitres no se hace esperar, las viviendas ya construidas en el barrio Almirante Brown, en Tigre; en el barrio Unión, de Merlo; en el barrio Los Álamos, de Córdoba, o en el barrio Primavera, de José C. Paz, entre otros, demuestran que vale más seguir trabajando para todos
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