SE LE VIENE LA NOCHE Y
EL JUEZ RAFECASA PARTIR DE UN DICTAMEN DE 66 PAGINAS CALIFICO DE “VEROSIMIL” LA PRUEBA CONTRALA NACION DE
HECTOR MAGNETTO Y BARTOLOME MITRE FUERON IMPUTADOS POR LA SECRETARIA DELA FAMILIA GRAIVERLA NACION YLA PRENSA , POR ORDEN DE VIDELA Y MARTINEZ
A PARTIR DE ESTA RESOLUCION DE RAFECAS EL PORQUE DEL ENSAÑAMIENTO DE CLARIN CONTRA SIMBOLOS DE ESTA POLITICA DE ESTADO, COMO LO SON HEBE DE BONAFINI, LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, Y EL AHORA EL MIEMBRO DE LA CORTE SUPREMALA OPINION PUBLICA
TODOS ELLOS REPRESENTAN UNA AMENAZA CONTRA SUS NEGOCIOS Y SU LIBERTAD.? QUE PASARIA CON ELLOS SI LAS ELECCIONES DE OCTUBRE CORONARAN UN NUEVO CICLO DE CRISTINA ¿
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Rafecas calificó de “verosímil” la prueba contra Magnetto y Mitre
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Fuente : Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso En un dictamen de 66 páginas, el juez declaró nuevamente “inescindible” el despojo a los Graiver en beneficio de Clarín y La Nación de las violaciones a los Derechos Humanos. Otra vez, cedió la competencia a la Justicia Federal de la Plata.
En una resolución de 66 páginas, el juez federal Daniel Rafecas calificó de “importante” y “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación , en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario de Papel Prensa, en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, volvió a declarar “inescindible” la operatoria empresaria con aval de la dictadura de las violaciones a los Derechos Humanos que se investigan en el juzgado federal platense de Arnaldo Corazza, en el expediente conocido como “Circuito Camps”, a quien nuevamente le cedió la competencia.
Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre fueron imputados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver, quienes bajo presión y torturas fueron despojados de las acciones de Papel Prensa en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa , por orden de Videla y Martínez de Hoz.
Tal como publicó Tiempo Argentino hace un año, en la página 38 de su dictamen el juez recordó que el interrogador de los Graiver designado por la dictadura, Oscar Bartolomé Gallino, se reunió con Mitre, Patricio Peralta Ramos y Magnetto. Escribió Rafecas: “Llamativamente Gallino habría recibido ‘a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación , La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa S.A.”
Gallino era un subordinado del comandante del 1º Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. El objetivo: los bienes de los Graiver y su relación con los fondos de la guerrilla de extracción peronista Montoneros.
En este sentido, a Rafecas le llamó la atención que pese a ese objetivo, “la única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado –nótese que todos ellos eran de la provincia de Buenos Aires– fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA, y con el motivo explícito de la adquisición de tales acciones”.
Y no sólo eso. Existe prueba documental publicada por este diario en septiembre de 2010, en la que Gallino dejó constancia de la primera reunión –el 7 de abril de 1977– con los directivos de los tres diarios, donde se prepararon los interrogatorios del 11 de abril, y precisamente ese mismo día se presentó ante Lidia Papaleo en el campo de tortura para preguntarle sobre Papel Prensa y el resto de las empresas de Graiver.
Gallino había sido preciso: “A las 8:40 concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación , Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las 20 horas se preparan los interrogatorios a tomar el 11 de abril.” La duda sobre quiénes eran los representantes de los diarios quedó despejada por una consulta al Boletín Oficial. Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos tenían ese cargo. Los documentos secretos que Tiempo reveló después de décadas de ocultamiento lo aclaran: el represor quería interrogar a Lidia sobre los bienes que se habían declarado en la sucesión por la muerte de su marido, estaba obsesionado con el emporio económico Graiver, los encuentros que había mantenido la mujer desde su llegada a la Argentina , y a nombre de quiénes estaban las acciones de Papel Prensa.
Gallino era impiadoso. Interrogó a Lidia por dos días. La viuda de David había sido brutalmente torturada con picana eléctrica. Entre los diplomas del general de brigada se destacaban la cacería de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían intentado copar el cuartel de arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo; y su cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno, en la fábrica militar de Campo de Mayo.
Para colmo, los diarios Clarín, La Nación y La Razón reconocieron en una editorial que toda la operatoria se hizo por medio de la gestión de la Junta y que fue el propio Gallino el que señaló la forma de pago. Los abogados dirían “a confesión de parte relevo de prueba”.
El poder de facto logró cometer semejante barbarie con el argumento de que la empresa era estratégica para el Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Por eso debía quedar, según las palabras de los represores, en manos de empresarios “argentinos, no judíos”.
Para quebrar a los Graiver decidieron demoler el poder económico del grupo acosándolo con notas negativas publicadas en la tapa de los diarios Clarín, La Nación y La Razón , antes de lograr el traspaso de acciones con un primer pago irrisorio de 7200 dólares en efectivo.
En la página 35 de su dictamen, Rafecas completa lo que podría entenderse como una traducción judicial de lo publicado por este diario desde junio de 2010. “La detención de Lidia Papaleo con posterioridad a la suscripción de los convenios de transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA en poder del Grupo Graiver, adquiere significados concordantes con la plataforma acusatoria si se advierte que la nombrada –afirma Rafecas– no sólo fue una de las firmantes de aquellos contratos, sino que también era la administradora judicial de la sucesión de David Graiver (…). Recordemos que a su vez, Lidia Papaleo había iniciado el proceso sucesorio con el patrocinio letrado del Jorge Rubinstein que, como vimos, habría sido la mano derecha de Graiver, y luego también fue secuestrado y habría fallecido durante su cautiverio a causa de las torturas que le fueron infringidas.”
En los fundamentos, Rafecas insistió con que la causa debe seguir tramitándose en el Fuero Federal de La Plata , ya que allí operaba el represor Camps bajo las órdenes de Suárez Mason. Para el magistrado hubo “aspectos de simultaneidad y estrecha vinculación entre los acontecimientos, que han sido, como se vio, invocados por los acusadores y no han sido desvirtuados, hasta el momento, a lo largo de la instrucción”.
“Nótese que en fecha 9 de marzo de 1977, Lidia Papaleo de Graiver, solicitó al juez de la sucesión de David Graiver autorización de las ventas de acciones clase ‘C’ y ‘E’ efectuada el 2 de noviembre de 1976 ad referéndum de la aprobación judicial”, afirmó Rafecas y advirtió que “en esa ocasión, la operación pudo realizarse porque el paquete de las acciones se vendió simultáneamente con un importante paquete de acciones Clase A (cinco votos) que hicieron los mismos compradores al señor Rafael Ianover y Galería Da Vinci SA. Esta venta total representaba para los compradores (Clarín, La Nación y La Razón ) prácticamente el control de la Sociedad.”
“Apenas cinco días después, Lidia Papaleo fue detenida –remarcó Rafecas– y trasladada a Puesto Vasco, sitio en el que recordemos fue interrogada sobre la operatoria del Grupo Graiver.”
Diez días después de su detención a manos de la patota de Miguel Etchecolatz, el 24 de marzo de 1977, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pidió “recabar mayores elementos de juicio que permitan apreciar la equidad de dicha operación”. El punto es que la hija de Lidia y Graiver, María Sol, era una beba de dos meses y la viuda estaba a cargo del trámite sucesorio y los bienes de su marido muerto misteriosamente en un accidente en México.
La dictadura y sus socios civiles no pararon de acosar a sus víctimas. Había mucho dinero y poder mediático en juego. “Mientras tanto –señaló Rafecas en la página 37– conforme surge de su declaración en fecha 3 de julio de 1986 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 4 de abril de 1977, Lidia Papaleo fue trasladada desde Puesto Vasco al Pozo de Banfield donde fue interrogada por el general Gallino”.
Gallino fue el nexo uniformado de Magnetto y Mitre en el caso Papel Prensa.
El Ceo de Clarín ya no lo puede negar. No lo dicen los periodistas. Lo dice la justicia que investiga un delito cuya pena es la cárcel
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Editorial
Octubre llega en tres meses
Por Roberto Caballero. Director de Tiempo Argentino
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Leyendo la nueva resolución del juez Daniel Rafecas, se entiende mejor por qué el oligopolio mediático que responde a Héctor Magnetto castiga de modo impiadoso a Hebe de Bonafini, a Estela de Carlotto y al jurista y miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni: Madres y Abuelas son los símbolos de la lucha contra la impunidad y Zaffaroni representa al poder judicial que no se arrodilla ante las corporaciones. El tamaño de la agresión mediática, que intentó instalar en la opinión pública que Bonafini es una “brujita malévola y ladrona”, Carlotto una “mentirosa” y Zaffaroni un “proxeneta” es proporcional al temor que provoca en los accionistas de Clarín y La Nación , rendir cuentas por una serie de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa judicial que investiga la apropiación de Papel Prensa, en complicidad con Videla y Martínez de Hoz. El movimiento de Derechos Humanos y la justicia que no se subordina expresan una amenaza concreta para sus negocios y su libertad.
En su resolución de 66 páginas, Rafecas declaró por segunda vez “inescindible” el despojo accionario del que fueron víctimas los Graiver de los delitos de “lesa humanidad” investigados como parte del “Circuito Camps”, en el juzgado platense de Arnaldo Corazza. Esta es una decisión clave, porque está apoyada en la interpretación que Rafecas hizo ahora de la prueba reunida en el último año del expediente –que de apenas 100 fojas creció a 70 cuerpos, gracias a la incansable labor de la Secretaría de Derechos Humanos, el informe “Papel Prensa - La Verdad ” y la investigación periodística de Tiempo Argentino–, a la que el magistrado no dudó en calificar de “importante” y “verosímil” en su escrito. Lo de Rafecas no sólo es relevante: además neutraliza las múltiples operaciones de prensa de Clarín y La Nación que intentan, por todos los medios a su alcance, desacreditar el avance judicial sobre Magnetto, Ernestina Herrera y Bartolomé Mitre, en este verdadero leading case de la sociedad cívico-militar. Lo de la incompetencia es anecdótico. No se está discutiendo la evidencia, que es lo fundamental, sino en qué juzgado todo este material documental puede ser más útil para hallar la verdad y la reparación que reclaman las víctimas de vejámenes y tormentos hace 28 años.
La andanada impiadosa contra los pañuelos y la amenaza velada a todo el poder judicial que esconde el tan promocionado pedido de renuncia a Zaffaroni por el inútil escándalo de los “puticlubs”, tiene un solo objetivo: marcarles un límite de tintes mafiosos a los que se atreven a pedir memoria, verdad y justicia, cuando los sentados en el banquillo son los dueños del aparato comunicacional más poderoso e influyente de la Argentina.
Los imputados de delitos gravísimos e imprescriptibles intuyen, con sabia antelación, que si Cristina Kirchner es reelecta, su situación judicial se vería agravada. Tienen hasta octubre para dar vuelta el escenario político actual. Y octubre llega en tres meses. El affaire Schoklender impactó tanto en la opinión pública que siendo Macri el procesado fue Daniel Filmus el que terminó dando explicaciones. Ellos lo saben. Cuanto más lastimadas queden las banderas asociables al capital simbólico del kirchnerismo (Madres y Abuelas apoyan las políticas públicas contra la impunidad y Zaffaroni es la referencia más clara de la Corte independiente que Néstor Kirchner logró darle a este país), mayores son las posibilidades del bloque político-mediático conservador en las urnas y menores las del kirchnerismo.
¿Qué pasaría con aquel juez que llame a indagatoria a Magnetto por Papel Prensa y sus cómplices si Duhalde o Alfonsín vencieran en las nacionales? Hasta el último pinche judicial sabe que si el coraje lleva implícito un juicio político, lo apropiado es la cautela. ¿Pero qué ocurriría si las encuestas no mienten y octubre corona un nuevo ciclo K?
Los diarios que fueron oficialistas
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