Piden que investiguen a Mitre y Magnetto por delitos de lesa humanidad

PIDEN QUE INVESTIGUEN A MITRE Y MAGNETTO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

EN UN DOCUMENTO HISTORICO LA FISCALIA RECLAMO LA INDAGATORIA A CIVILES Y MILITARES, ENTRE ELLOS LOS DIRECTIVOS DE CLARIN Y LA NACION POR EL DESPOJO DE LAS ACCIONES DE PAPEL PRENSA A LA FAMILIA GRAIVER

LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESO QUE LA DENUNCIA POR ESOS DELITOS NO ERA UN ATAQUE “A LA LIBERTAD DE EXPRESION” Y SI  EN CAMBIO DEJABA EN CLARO QUE LA TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES DEL MONOPOLIO DEL PAPEL SE HIZO EN EL MARCO DE LA PERSECUCION POLITICA

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La presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA, de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado Grupo Graiver a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires, con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles denunciados, en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal”. En esos términos, la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó ayer de “crimen de lesa humanidad los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977”, y le pidió al juez Arnaldo Corazza que se declare incompetente en esa causa y la remita al fuero federal porteño.

Nunca antes un documento judicial había sido tan categórico sobre una de las cuestiones hasta ahora menos investigadas de la última dictadura. La expresión está contenida en la página 10 de un total de 29 que utilizaron los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro para sostener que “dicha actividad persecutoria constituye un delito de lesa humanidad”.

El término “colusión”, según la Real Academia Española, define a un “pacto ilícito en daño de tercero”. La primer parte de la definición, el “pacto ilícito”, según los fiscales se celebró entre los accionistas privados de Papel Prensa y la dictadura; el tercero que sufrió el “daño” fue el Grupo Graiver”. El resultado: la empresa que ejerce el virtual monopolio de la fabricación y venta de papel para diarios en la Argentina quedó en manos de Clarín, La Nación y La Razón.

El dictamen fue elevado ayer a la consideración de Corazza, junto con un pedido para que el expediente pase a un juzgado federal de la Capital Federal, pues allí habrían tenido escenario la mayoría de los delitos que derivaron en lo que se insinúa con fuerza como “el despojo de Papel Prensa”.

El recorrido judicial todavía será largo: Corazza puede hacer lugar al planteo y considerar que se trata de un delito de lesa humanidad (y en consecuencia, imprescriptible) o rechazarlo. En ambos casos, las partes pueden apelar la determinación y el espinel judicial avizora tres instancias más de revisión: la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Nacional de Casación y por último, la Corte Suprema de Justicia. Los recursos pueden ser interpuestos por las “partes”: la propia fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, y las defensas de los CEO de Clarín y La Nación, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, como imputados. Concretamente, a estos últimos se refieren los fiscales cuando hablan de “la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles denunciados”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, afirmó que el dictamen de la fiscalía federal de la Plata confirma lo dicho en la querella y “está claro que lo denunciado no era un ataque a la libertad de prensa”, como dijeron Clarín y La Nación. “Los fiscales, al examinar la prueba que se produjo, han podido comprobar la conexión existente entre Clarín, La Nación y la dictadura”, añadió la secretaría en un comunicado.

Una decisión definitiva sobre el porvenir de la causa podría demorar años. Pero nunca antes desde la justicia se había emitido un documento tan contundente sobre la presunta complicidad entre los accionistas privados de Papel Prensa y los jerarcas de la dictadura.

“Los hechos denunciados acaecieron en el marco de la última dictadura cívico militar. En tal sentido, como es de público conocimiento, ese contexto resultó propicio para la comisión de delitos de índole económica. Tales hechos abarcaron desde la apropiación de bienes de desaparecidos hasta grandes operaciones realizadas en colusión con sectores civiles, que significaron una enorme modificación regresiva de la estructura social argentina”, opinaron los fiscales.

La información recopilada desde el 30 de marzo de 2010 –cuando se inició la investigación hasta hoy para arribar a tal conclusión, provino de fuentes de todos los sectores sociales e ideológicos. Por caso, los fiscales evaluaron “la documentación utilizada por la firma editora del diario Tiempo Argentino para confeccionar las notas periodísticas relacionadas con el objeto de la presente investigación”, y también fotocopias de la nota publicada por la ultraderechista revista Cabildo en marzo de 1979, titulada “La Subversión de los Graiver y el Escándalo de Papel Prensa”. La declaración testimonial del último dictador, Reynaldo Benito Bignone, el 21 de enero pasado, y también las constancias de los pagos que habrían hecho los accionistas privados como consecuencia del acuerdo por la venta de las acciones de la empresa. Esa documentación fue aportada por el abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, hace poco más de dos meses.

“La dictadura militar atribuía a los Graiver una supuesta vinculación económica con el grupo Montoneros. Tal es así que la ilegal sentencia del Consejo de Guerra (al que fueron sometidos miembros del Grupo Graiver) tuvo por fundamento central la supuesta ‘ayuda económica para finalidades ideológicas ilícitas’. Además, habría existido un marcado tinte antisemita en la decisión del Estado Nacional de quitar al Grupo Graiver de la escena nacional”, subraya el dictamen. Entre quienes padecieron el Consejo de Guerra figura Lidia Papaleo, quien a raíz de sus denuncias sobre aquellos oscuros episodios pasó a integrar el Programa Nacional de Protección de Testigos e imputados, dependiente del Ministerio de Justicia.

En caso de que el juez Corazza aceptara d

eclinar su competencia, el expediente podría recaer en dos juzgados de la Capital Federal: el de Daniel Rafecas, quien recibió un expediente derivado de una causa que tramita en la justicia Civil y Comercial Federal, o el de Norberto Oyarbide, en cuyo despacho aterrizó una presentación del abogado Antonio Liurgo, cercano al kirchnerismo. Por Nestor Sposito. Tiempo Argentino.