OPINION. Por Gerardo Gentile. Licenciado en Economía. Especialista en Seguridad Social
RECORDAR EL PASADO PARA COMPRENDER EL PRESENTE
La polémica desatada por la sanción del decreto 441/11 tiene su origen en el pasado reciente, atento que la participación del Estado, vía acciones de su propiedad, en 42 empresas de capital mayoritariamente privado, fue producto de la reforma previsional de octubre de 1993 instituida por la ley 24241, que fue el principio del fin del modelo neoliberal que ha llevado a la Nación al borde de la disolución social.
Vale la pena recordar las consecuencias de esta ley, de la que por entonces no se escucharon críticas de gran parte de los representantes del sector empresario (servicios e industria), que hoy están a la orden del día, salvo honrosas excepciones.
No hubo tampoco, críticas del sector cuando el Estado incurrió en un déficit de 60.000 millones de dólares al mantener un círculo vicioso de financiamiento para cubrir la transición del sistema de reparto solidario al privado de capitalización individual, generando el 80% del crecimiento de la deuda pública para el período 1994-2002.
No las hubo cuando fracasó la formación del mercado de capitales, con más del 70% de los fondos de pensión invertidos en títulos públicos de un estado en cesación de pagos.
La mayoría del sector festejó la reducción de las contribuciones patronales con destino a la previsión social, a fines del año 1993, la tasa promedio de cotización era del 16% de la nómina salarial, disminuyendo al 10,5% promedio para fines del año 2002.
La disminución en el financiamiento genuino del régimen previsional significó una pérdida por contribuciones patronales de aproximadamente 55.000 millones de dólares en el período.
Mientras los hacedores de política económica, sus asesores foráneos y entendidos dirigentes empresarios sostenían que la disminución en el costo laboral llevaría a una disminución en la tasa de desempleo, pudimos observar todo lo contrario: a fines de 1993 la tasa de desempleo era de 9,6% de la población económicamente activa (PEA), y a fines de 2001 alcanzó el 21,5%, aproximadamente 4.000.000 de personas sin empleo.
La verdadera razón por la cual se perseveró en la disminución de las contribuciones patronales y en el aumento en los impuestos al consumo, ganancias, Bienes personales, Internos unificados y Combustibles líquidos para financiar el déficit, fue procurar devolverle a las empresas la rentabilidad y competitividad perdidas por el corsé insostenible de la convertibilidad - tipo de cambio fijo: $1=US$1-, que según su creador iba a durar seis décadas, pero se desmoronó mucho antes y, con ella, los fondos de pensión como subproducto y sostén de la misma.
Tampoco la patronal empresaria se conmovió cuando se produjo la disminución de aportes de los trabajadores al sistema previsional al 5% del salario, por la vigencia del decreto 1495/01, pero la comisión promedio que cobraban las AFJP no disminuyó en la misma proporción y superaba el 45% del aporte.
Y las AFJP-Empresas-Bancos ganaron en comisiones aproximadamente 10.000 millones de dólares durante la vigencia del sistema. No advirtieron que con el sistema imperante en los ´90 la cobertura previsional disminuyó al 65% de la población pasiva y que de continuar para el año 2010 tendríamos más de dos millones de mayores sin ningún tipo de cobertura previsional y en el año 2025 sólo un 30% de la población pasiva estaría cubierta.
Afortunadamente el gobierno del Presidente Néstor Kirchner comenzó a recomponer la situación a partir de mayo de 2003.
Recordar el pasado nos ayuda a ver con claridad el presente.
Un gobierno que amplía la cobertura previsional en 2,5 millones de beneficiarios, recupera el sistema previsional para los trabajadores, disminuye la tasa de desempleo al 7,3 %, implementa la Asignación Universal por Hijo, cubriendo a más de 3,6 millones de niños y devuelve el derecho político del Estado por la propiedad de sus acciones por inversiones realizadas durante la vigencia de un sistema anti previsión social, trocando la especulación financiera y transformándolas en fondos que amparan a los jubilados.
No hubo cuestionamientos cuando los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores financiaron a las empresas en plena crisis. A contrario sensu, en la actual coyuntura de crecimiento económico y alta rentabilidad podrían recomprar dichas acciones, dando por terminada la polémica.
Por lo tanto no deben temer los conductores de las empresas de capital mayoritariamente privado por la participación de los directores del Estado en función de su propiedad accionaria.
El propio mercado de valores reaccionó normalmente ante la medida y hasta algunos empresarios –inteligentes- no tuvieron reparo atento el crecimiento de la economía en general y de muchos sectores en particular.
Finalmente, la función de dichos directores estatales, no será otra, en definitiva, que velar por el rendimiento y la seguridad de los activos que conforman el Fondo Solidario de Sustentabilidad Previsional, en línea con las acciones de un Gobierno que protege a sus niños y a sus mayores.
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